La historia de las islas está en disputa. Es decir, no hay acuerdo en cómo sucedieron algunos eventos clave y mucho menos en su significado e implicancia. Sin embargo, aunque con énfasis diferentes según quién refiera los hechos, hay algunos que están fuera de toda controversia. Nadie discute, por ejemplo, que las islas carecían de habitantes autóctonos cuando comenzaron a llegar los europeos y que quienes primero establecieron un asentamiento fueron los franceses, en 1764, al mando de Louis Antoine de Bougainville, en un sitio al que llamaron Port Louis, al noreste de la isla Soledad (East Falkland). Provenientes del puerto de Saint Malo, en Francia, los franceses bautizaron las islas como Malouines, nombre que al hispanizarse derivó en Malvinas. También hay acuerdo en que el segundo asentamiento fue británico y se erigió en 1766 en lo que, en una expedición realizada un año antes por encargo del almirantazgo real, el capitán John Byron, en nombre del rey George III, había llamado Port Egmont, en la isla Trinidad (Saunders), próxima a la Gran Malvina (West Falkland). Lo mismo vale para el hecho de que la Corona española, a cargo de Carlos III, reclamó a Francia y a Inglaterra que se retiraran del archipiélago porque estaba dentro de sus dominios y que solo el gobierno francés aceptó hacerlo, en 1767, a cambio de una indemnización. Hay acuerdo en que los españoles, que rebautizaron Port Louis como Puerto de la Soledad y establecieron una guarnición militar bajo la autoridad de la entonces Capitanía General de Buenos Aires, expulsaron a los británicos de Puerto Egmont en 1770 (un incidente que casi lleva a la guerra a Inglaterra y España). Y en que los españoles aceptaron que los británicos regresaran allí al año siguiente y a partir de entonces hubo dos asentamientos, uno español y otro británico, hasta que Gran Bretaña abandonó el suyo en 1774. Nadie discute tampoco que entre ese año y 1811 las islas estuvieron bajo exclusivo control español.
La primera diferencia sustancial en cuanto a la historia de las islas (aparte de la relativa al descubrimiento, en la que hay desacuerdo, aunque es considerado de menor importancia ya que no es determinante para la cuestión de la soberanía) reside en cómo interpretar la espontánea retirada británica de 1774. Los británicos sostienen que Gran Bretaña dejó Puerto Egmont por razones económicas y que expresamente no renunció a la soberanía de las islas: sus hombres dejaron una bandera británica y una placa que hacía saber a todas las naciones que las islas Falklands, y no solo Puerto Egmont, eran de exclusiva propiedad del rey George III. La Argentina argumenta, en cambio, que el retiro británico se hizo en cumplimiento de un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y España en virtud del cual la segunda concedió la restitución exclusivamente de Puerto Egmont, en 1771, a condición de que más tarde la primera, salvado el honor, abandonara las islas, cosa que sucedió en 1774. Ese acuerdo secreto nunca pudo probarse, aunque hay documentos que hablan de su existencia desde el siglo XVIII. En cualquier caso, no hay unanimidad en cuanto a la soberanía de las islas durante el dominio español. Gran Bretaña no concede que la soberanía española luego de 1774 fuera tácitamente reconocida por Londres, como sostiene la Argentina.
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Mayor controversia existe sobre lo que sucedió luego de que los españoles abandonaron las islas, en el contexto de las revoluciones de la independencia de América del Sur, y sobre cómo interpretarlo. El argumento jurídico en el que la Argentina funda su derecho a la soberanía es el principio que se conoce como utis possidetis iuris, en virtud del cual los Estados surgidos de las independencias son legítimos herederos de los territorios que durante la época colonial pertenecían a las potencias imperiales, con sus mismas fronteras, más allá de la ocupación efectiva. Con la Revolución de Mayo de 1810, de acuerdo con este principio, la soberanía de las islas Malvinas pasó de España a las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego la Argentina. Gran Bretaña niega a ese principio validez universal, considera que no aplica para este caso particular porque fue un instrumento de las repúblicas latinoamericanas para resolver sus disputas limítrofes y se adoptó recién en 1848, y además sostiene que, de aceptarse, las islas Malvinas no podrían formar parte de los territorios a heredar porque las Provincias Unidas, cuyas fronteras no coincidían con las que más tarde definirían a la República Argentina, se independizaron de España recién en 1816 y para entonces los españoles hacía cinco años que habían abandonado las islas.
Desde entonces y hasta 1833, casi todo es controversia. En noviembre de 1820, David Jewett, un marino estadounidense que había arribado a Buenos Aires cinco años antes, llegó al Atlántico sur a bordo de la fragata Heroína y, en nombre del gobierno de las Provincias Unidas, tomó posesión de las islas Malvinas en su calidad de coronel del ejército al servicio de la marina del nuevo Estado, algo que notificó a los buques de varias nacionalidades que se encontraban en sus aguas. La ausencia de protesta o represalia por parte de Gran Bretaña ante esta toma de posesión, de la que se hizo eco la prensa internacional, incluso la londinense, para la Argentina constituye una prueba de que el gobierno británico no se consideraba ya titular de la soberanía. El argumento británico resta trascendencia a ese hecho. Sostiene que Jewett era un corsario, que no hubo protesta británica porque el Estado en nombre del cual realizó esa toma de posesión aún no había sido reconocido por Londres (recién lo reconocería en 1825), y que la caótica situación política por la que atravesaba la futura Argentina resta sustancia a los actos de un gobierno incapaz de garantizar su propia continuidad ni de llevar a la realidad los deseos que expresaba en declaraciones escritas (Buenos Aires fracasó en constituir en lo inmediato una colonia permanente, aun cuando en 1824 lo intentó, nombrando capitán de las islas a Pablo Areguatí).
El 10 de junio de 1829, el gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las Adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico, con sede en la isla Soledad, y nombró a su cargo al comerciante franco-argentino nacido en Hamburgo Luis Vernet, que hacía tres años explotaba concesiones otorgadas por el mismo gobierno en esa isla. En noviembre, Londres protestó. Esa protesta, que afirmaba que el decreto contravenía los derechos de soberanía de Su Majestad británica, y el hecho de que Vernet, luego de la ocupación de 1833, abogó para que el gobierno británico lo indemnizara por sus propiedades en las islas, son dos de los argumentos británicos para desacreditar la autoridad de Buenos Aires para crear aquella comandancia. Para la Argentina, Vernet fue quien levantó la primera colonia exitosa bajo la autoridad de Buenos Aires. Para Gran Bretaña, fue un oportunista privado que, para asegurar sus inversiones en las islas, buscó respaldo en el gobierno de las Provincias Unidas.
En agosto de 1831, tres buques balleneros y loberos estadounidenses fueron capturados en las aguas de las islas por incumplir las normas referentes a la pesca promulgadas por Vernet. El hecho desencadenó una represalia de Estados Unidos, que no reconocía a Buenos Aires autoridad para efectuar esas capturas. A fines de ese año, la fragata de guerra Lexington, que estaba en el Río de la Plata, descendió hasta las Malvinas, desmanteló la colonia levantada por Vernet, apresó a varios de sus pobladores y declaró a las islas libres de todo gobierno. El hecho ocasionó la interrupción de las relaciones diplomáticas entre Washington y el gobierno de Buenos Aires. Al año siguiente, este último designó interinamente un sucesor de Vernet, José Francisco Mestivier, quien viajó al Puerto de la Soledad con mujeres y hombres, entre los cuales se contaban presos por delitos comunes, que poco después de un mes de arribar se amotinaron y lo asesinaron. La colonia quedó a cargo del teniente coronel José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí, que había llegado con Mestivier. Los acontecimientos se precipitaron: a fines de 1832, por orden del gobierno británico, el capitán John Onslow, al mando de la corbeta militar Clio, tomó posesión de Puerto Egmont. El 2 de enero de 1833 Onslow llegó al Puerto de la Soledad y anunció a Pinedo que al día siguiente debía abandonar las islas. Aunque la colonización no fue inmediata (la decisión de llevarla a cabo se definió en 1841 y Puerto Stanley, la actual capital de las islas, fue fundada en 1845), desde el 3 de enero de 1833 hasta el presente, con la excepción de la ocupación argentina de 1982, las islas permanecen bajo la administración británica.
El desacuerdo en torno a ese desenlace podría sintetizarse así: para la Argentina, Gran Bretaña, en virtud de haber advertido que las islas ocupaban un lugar estratégico para el tráfico interoceánico (entonces no existía el canal de Panamá), utilizó sus antecedentes en Puerto Egmont en el siglo XVIII para reflotar una pretensión de soberanía que había abandonado y aprovechó la debilidad del gobierno de Buenos Aires, que no podía ni resistir ni contrarrestar una amenaza de fuerza como la que representó la llegada de la Clio, para expulsar a los argentinos y apoderarse del archipiélago. Para Gran Bretaña, Londres nunca renunció a la soberanía invocada en el siglo XVIII, Buenos Aires no ejercía una soberanía reconocida por otras naciones, la acción de la Lexington había convertido a las islas en tierra de nadie (res nullius), la ocupación de 1833 fue una consecuencia natural de su anterior dominio de Puerto Egmont (cuya legitimidad considera probada por la restitución que España concedió en 1771) y los habitantes de las islas no fueron expulsados sino invitados a quedarse, con excepción de la guarnición militar, y así lo hicieron algunos. En otras palabras: para la Argentina, fue un acto de colonialismo nunca convalidado por ella, como lo prueban, en el siglo XIX, las protestas formales realizadas a Londres entre 1833 y 1840, reanudadas a partir de 1888; para Gran Bretaña, uno de ejercicio de su soberanía nunca resignada, convalidada por el silencio argentino entre 1840 y 1888. Los hechos sobresalientes de esta disputa en el siglo XX serán aludidos en el libro.
Estas son, sucintamente explicadas, las posiciones en pugna sobre la historia de las islas. El propósito de exponerlas conjuntamente, sin sopesar su mayor o menor justicia o fundamento, obedece a que no es este un libro destinado a intervenir en el terreno jurídico, sino a indagar en la historia reciente de las islas, con un énfasis particular en la relación entre isleños y argentinos y, a mi juicio, ese ejercicio es más fructífero si se conocen los argumentos históricos de ambas partes. Podría agregarse más en apoyo de una u otra posición. A casi doscientos años de 1833, existe una extensa bibliografía, también dividida, que impugna los argumentos de la parte contraria. En favor de la brevedad y la claridad, sacrifiqué detalles, simplifiqué acontecimientos y omití referirme a bulas, tratados y convenciones. Sin embargo, a los fines de este libro, creo que lo dicho es suficiente para comprender en qué lectura de la historia funda cada parte su pretensión de soberanía.
Este texto, bajo el título “Fechas, acontecimientos e interpretaciones de una historia compleja”, pertenece a la Introducción de Lo que no sabemos de Malvinas. Las islas, su gente y nosotros antes de la guerra, que Siglo XXI Editores distribuirá en abril con motivo de cumplirse 40 años del inicio de la guerra de Malvinas.
Las imágenes que lo acompañan no pertenecen al libro y fueron halladas en los sitios que se indican en los hipervínculos.
