Rubio platinado, ojos azules, un teléfono celular y tres millones de seguidores en Instagram. “No es caridad lo que hago”, dice de sí mismo Santi Maratea el influencer que apoyado en sus redes sociales y en la plataforma de Mercado Pago consiguió 2 ambulancias para una comunidad wichí de Salta, un vuelo para 35 atletas y sus entrenadores para el Sudamericano de Ecuador, 2 millones de dólares para el medicamento de una beba con atrofia muscular espinal, 35 millones de pesos para infancias trans y lo último: en 36 horas logró reunir 154 millones de pesos para controlar los incendios en Corrientes.

¿Si no es caridad qué es? ¿Qué pasa cuando lo que no garantiza el Estado intenta ser cubierto por la sociedad civil? ¿Santi encarna el discurso de la antipolítica? ¿Por qué la agenda pública de un influencer está más activa que la de un gobierno? Nos sumamos a este debate a partir de algunas ideas que nos pueden ayudar a leer y pensar poniendo en el centro la cuestión del Estado, la democracia y la solidaridad.  

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La solidaridad, antesala de la legitimidad

La solidaridad se nos figura muchas veces como algo dado, limpio de contradicciones, algo “bueno de por sí”. Sin embargo, como sabemos, los conceptos son producto de sistemas complejos organizados por representaciones, intereses y sentidos. Entonces la idea de la solidaridad es tan compleja como las nociones de política, poder, Estado, democracia. 

Si quisiéramos entonces pensar en torno a la idea de solidaridad que nos propone Maratea es válido analizar de qué solidaridad estamos hablando. Puede ser una que apela a la comunidad, considerando a la misma en términos actuales, incluyendo lo virtual. O puede ser una solidaridad espontánea, que cree que su valor está asociado a lo inorgánico y a las acciones reactivas sin demasiada planificación. 

En este sentido, la Economía Social como campo de aprendizaje y de praxis dice que existe por un lado la solidaridad filantrópica, que se concentra en la “cuestión de la urgencia”, en la ayuda a los pobres y en su moralización a través de acciones paliativas. Mientras que, por otro lado, existe la solidaridad como principio de democratización societal (1). Esta se basa tanto en la ayuda mutua como en la expresión reivindicativa, alcanzando la auto-organización, el movimiento social y la profundización de la democracia. Supone una igualdad de derecho entre las y los involucrados y no una desigualdad entre “favorecidos” y “desfavorecidos”. En la solidaridad filantrópica aparecen conceptos como responsabilidad social empresarial, auto responsabilización, prácticas que buscan de alguna manera –a veces más solapadamente que otras– “tranquilizar a los desaventajados”, son muestras de “benevolencia”. Mientras que, la solidaridad democrática como principio ético y político, en cambio, quiere transformar el orden establecido, discutir las desigualdades, visibilizarlas. 

Pareciera entonces que el debate que se presenta es entre tipos de solidaridad y no entre el Estado y las lógicas solidarias de la sociedad civil. La idea de la solidaridad como contrapunto de la eficiencia del Estado busca rivalizar aspectos que son en realidad coexistentes. Una esfera, la estatal, no existe sin la otra, la de la sociedad civil. Ocultar la convivencia, las disputas y las negociaciones entre ambas puede conducir a una crisis de legitimidad. Y también, puede suponer a la solidaridad como algo fantasioso. Ya sea para quienes creen que en esas lógicas “civiles” y “apolíticas” está la solución, pero también para quienes creen que se trata de una fantasía inconducente que no resuelve ni coopera en nada. 

Las “soluciones” solidarias que no parten del Estado no son siempre fantasiosas. Si pensáramos en la historia de muchos movimientos sociales en nuestro país o incluso en nuestra región, no estaríamos de acuerdo. Pero sabemos que no son suficientes.  Es decir, el Estado es cada vez más relacional, esto es cierto. Sin embargo, lo que no se puede ocultar, es que su función es central y no es accesoria ya que, puede actuar –o no– como un gran nivelador de oportunidades. 

Es casi una obviedad decir que lo que hace Santi no es suficiente, de hecho él mismo lo asume. Pero el dilema no está en él –y su capacidad–  sino en la carga ética y política que como sociedad se deposita en estas iniciativas. El dilema está en la construcción de la legitimidad.

Lo que el Estado recauda a través de los impuestos es para los que pueden pagarlos y para los que no también. Sobre todo para los que no. Para eso está el Estado. No se trata de una suma de voluntades, al estilo Maratea, es en esencia otra cosa. Se trata de justicia y de derechos. El Estado es el responsable del cumplimiento de los derechos de todas las personas. El problema es cuando emparejamos una lógica con otra creyendo que se trata de empresas similares o antagónicas. 

El Estado (incluso la civilización como lo explica tan hermosamente la antropóloga Margaret Mead) es ante todo solidaridad organizada. El sentido de organizar una comunidad política tiene que ver con que en soledad no podemos. Por eso inventamos eso que se llama democracia, que a veces sirve más al capitalismo y otras veces más a las personas, pero que en el corazón sigue teniendo a la legitimidad como eje vertebral. 

La condición sine qua non de un régimen democrático es el reconocimiento de lxs otrxs. Esa tensión que supone el encuentro y la comunidad.  Entonces, Santi no es un enemigo de los movimientos sociales, ni de los partidos políticos, tampoco es un héroe, Santi es otre con quien podemos consensuar, acordar o disentir. Cada quien que decida. Ahora bien: ¿la solidaridad de Santi cuenta con más legitimidad que otros discursos solidarios? Las lógicas de los piquetes, las de las ollas populares, la de los merenderos y comedores barriales, también son lógicas solidarias. El impuesto a la riqueza también se basa sobre una lógica solidaria y redistributiva, la resolución 125 impulsada por el Ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner en el 2008 también lo era, la respuesta sin embargo fue un paro de todo el sector agropecuario (desde la Sociedad Rural hasta la Federación Agraria) y un apoyo casi indiscutido de la sociedad civil a eso que llamamos “el campo”.  La pregunta vuelve sobre lo mismo: ¿qué pasa con la legitimidad hacia la democracia como sistema de distribución de poder y de recursos, y con el Estado como el encargado de esa distribución?.

Recursos y logística en clave democrática

Además de la cuestión de la legitimidad y de la solidaridad está la cuestión de la logística. Es decir: recaudación, campaña, solidaridad sí, pero ¿quién distribuye? ¿Con qué infraestructura? El Estado además de ser un sistema legal y un foco de identidad colectiva, es también un conjunto de burocracias asociadas al grado de eficacia, otra definición típica de la ciencia política(2).

Entonces Santi, o podemos pensar en cualquier otra iniciativa similar, recauda, pero ¿quién distribuye? ¿Quién implementa? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué tiempos? Apareció fuertemente la idea de que la iniciativa de Santi fue mucho más eficaz y eficiente que el accionar del Gobierno –sus niveles, reparticiones, los acuerdos, las negociaciones, etc.–. Sin embargo, sabemos que no son “empresas” comparables, volvemos al inicio, el problema es la competencia de estas lógicas y no su coexistencia. La infraestructura del Estado y su actual administración pública (que poco a poco se encamina hacia una modernización) versus las plataformas, aplicaciones y billeteras digitales.  

Sin embargo, discutir la eficiencia del Estado es relevante. La Ley de Humedales increíblemente espera su sanción. Como expresa la organización humedales ya, se necesitan presupuestos mínimos de protección ambiental que aseguren su conservación y su uso ambientalmente respetuoso conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional. Lo que sucedió en Corrientes lo demuestra, en las islas frente a la ciudad de Rosario y en buena parte del país también. La situación habla de una emergencia climática y de la necesidad de que exista capacidad de respuesta por parte del Estado y los gobernantes.

Entonces, pareciera que la conciencia social crece a la vez que la respuesta de los líderes políticos desciende, se escabulle, hasta volverse casi invisible. La aparición de Maratea se inserta en este contexto y cuando el debate pareciera ser Maratea sí o Maratea no, el eje de la cuestión es en realidad la responsabilidad de los órganos públicos y el cumplimento de los deberes de sus funcionarios. Pero para exigir todo eso hay que creer en que la democracia y sus instituciones son, aunque ineficientes y perfectibles, necesarias e irremplazables. 

Liderazgos, ciudadanía digital y agenda

La aparición del fenómeno Santi Maratea da cuenta, una vez más, de la crisis a nivel de referencias políticas. Ya sabemos que, ante la ausencia de liderazgos políticos aparecen otros, no estrictamente políticos o ubicándose por fuera del espectro político, e incluso colocándose como algo contrario. Pero esta cuestión no solo pone luz sobre las ausencias sino también sobre las presencias de aquellas y aquellos que hoy descreen de las lógicas organizativas que buscan interpelar al Estado para amplificarlo, democratizarlo, y, como contrapunto ofrecen lógicas “despojadas” de intereses o de estructuras. 

El dilema que se presenta no invalida de por sí las “iniciativas marateas”. Sería poco acertado condenarlas o incluso recluirlas  al espectro de la nueva derecha antiestatista al estilo Milei. Sería oportuno entonces pensar qué pasa con estas iniciativas, que, por un lado son llevadas adelante por jóvenes que utilizan las redes sociales como un espacio de disputa, comunicación y de construcción performática. 

Las redes, sin dudas, no están desprovistas de política, esta es otra obviedad. Se trata de un fenómeno que ya hace tiempo viene disputando el espacio público a la democracia a través de poderes fácticos que participan del juego democrático-electoral que tienen detrás una tecnología y unas corporaciones que nadie elige ni vota. Quién audita lo que sucede ahí dentro y qué repercusiones tienen los discursos construidos en esa arena (nueva pero vieja) en la vida de todos los días.  Hace falta discutir esto también. Pero sobre todo asumiendo que la ciudadanía digital existe, se moviliza y por eso son pertinentes los debates en torno a la conectividad en clave democrática. Para disputar los discursos antiestatistas de corrientes solidarias que se postulan como apolíticas habrá también que democratizar ese espacio digital para sumar nuevas voces y ampliar la contienda. 

De la mano de los liderazgos se inscribe la cuestión de la agenda, tanto pública como política. Más allá de la agenda configurada alrededor de la gestión de la pandemia y de las campañas de vacunación, hoy ¿quién está marcando la agenda? ¿cómo se están definiendo los temas públicos? Pareciera que la problematización de las diferentes cuestiones (demandas) va en un movimiento ascendente, aunque inorgánico (podríamos agregar apolítico). Quizás el último atisbo de movilización organizada con capacidad de incidir en clave de ampliación democrática (es decir más derechos para más personas) haya sido, y es, el movimiento feminista. Recordemos que la sanción de la Ley de Legalización de la Interrupción del Embarazo vino de la mano de una enorme movilización que aunque tuvo la venia del gobierno de Alberto Fernández, no sería correcto considerar que fue sólo un tema de su agenda. 

Por último, pero no menos importante, el liderazgo de Santi (aunque él se despegue de este rol) adscribe a una identidad y a una pertenencia específica. Santi nació en San Isidro, es rubio, blanco, varón y pertenece a una clase. También algo de todo esto va configurando y reforzando el impacto de sus acciones.

Sabemos que lo que tenemos no es suficiente. Ni las estructuras burocráticas de los Estados, ni la altura política de nuestros representantes, ni mucho menos la distribución, injusta, en el mapa global de las riquezas y la geopolítica. Entonces ¿Qué Estado estamos dispuestas y dispuestos a construir? ¿Cuál es el Estado que falta? ¿Y sobre la base de qué solidaridad?  Sin duda, tiene que ser uno que amplíe los horizontes de la ciudadanía, aún teniendo en cuenta que un Estado plenamente democrático constituye una utopía en sí misma. Y que por cierto, no se tape este debate sólo con el perfil de Maratea en un live

 

1. Laville, Jean-Louis “Solidaridad”, en Cattani et. al. (2009).
2. O’Donnell, Guillermo (2008). 
Cámara de Diputados de Santa Fe
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