En 1976, cuando tenía 13 años, Ivanna Aguilera estuvo tres días cautiva en el Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario. Detenida con dos amigas en la calle, las llevaron al centro clandestino que funcionaba en Lamadrid y Ayacucho en directa relación con el Destacamento de Inteligencia del Ejército.
“Aparece un camión con dos jeeps –relató Ivanna–. Bajaron de golpe un montón de soldados, se acercaron a Poropá (una mujer trans), la empezaron a insultar, a prepotear (…) A mi compañera y a mí también nos agarraron y nos llevaron de los brazos y nos tiraron como bolsas de papas arriba del camión, insultándonos, pegándonos coscorrones, tiradas de los pelos y con insultos… Creo que ahí fue la primera vez que escuché la palabra ‘puto’. Y no solo fue la primera vez, sino que con mucho odio”.
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En el camión, los soldados las golpearon y se ensañaron con Poropá porque se resistía al secuestro. Los tormentos se agravaron en el centro clandestino:
“No sé cuánto tiempo habrá pasado pero habrán sido un par de horas. Vienen, nos separan a mi compañera y a mí, nos llevan a otro lugar que eran unos baños y bueno, en esos baños, indistintamente, somos sometidas primero a una golpiza y luego de las golpizas somos violadas… (…) Todo eso fue con mucha agresión, con muchas palabras, sin entender qué querían, porque yo no tenía ni siquiera en mi mente lo que era la palabra sexualidad (…). Ese fue mi debut sexual, una violación grupal, con golpes, con insultos, me mojaban continuamente y me pegaban”.
Ivanna Aguilera terminó por escapar de Rosario como otras mujeres trans, devino en activista y actualmente dirige el área TransTravestis y No Binaries de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Su testimonio proviene de “La memoria no se guarda en el closet” (2020), un artículo de Ana Oberlin que reparó en las violencias invisibilizadas de la última dictadura cívico-militar, en particular las que afectaron a las mujeres trans.
La persecución de mujeres trans en Rosario es parte de esa memoria en construcción, después que las investigaciones judiciales y los procesos por delitos de lesa humanidad no la contemplaran. Los crímenes y los abusos quedaron comprendidos dentro de la represión contra lo que los militares llamaron subversión, y continuaron más allá de la recuperación de la democracia.
De la calle al centro clandestino
El principal centro clandestino en Rosario funcionó en el subsuelo del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II, en la entonces Jefatura de Policía, como lo recuerda hoy una desvaída cartelera en la esquina de San Lorenzo y Dorrego. Pero todavía no está señalado el Pabellón XY, destinado a la población LGBT, emplazado en el mismo edificio.
En marzo de 2018 Daniel Gollán declaró en los Tribunales de Rosario como testigo de la detención de mujeres trans. Gollán fue secuestrado el 16 de julio de 1976 y conducido al centro clandestino de la Jefatura de Policía, donde conoció a dos personas trans detenidas por su condición de tales. “Me relataron cómo eran arrestadas y detenidas, les quitaban las pertenencias, el dinero que tenían y muchas veces eran abusadas sexualmente”, dijo.
Marcela Viegas Pedro identificó a Carlos Ulpiano Altamirano como integrante de un grupo policial que detenía a mujeres trans. Altamirano integraba la patota del Servicio de Informaciones, a cargo del centro clandestino de la Jefatura, y en 2014 fue condenado a prisión perpetua por privación ilegítima de la libertad agravada con los delitos de tormentos calificados y asociación ilícita.
Viegas Pedro abandonó Rosario a los 15 años, para ponerse a salvo del hostigamiento policial, y se encontró en Florencio Varela con Gina Vivanco, quien también había escapado de las razias de Moralidad Pública. Entre fines de 1978 y principios de 1979 fue detenida en la provincia de Buenos Aires y trasladada al Pozo de Banfield; en abril de 2023 declaró con otras cuatro mujeres trans y travestis como víctima de delitos de lesa humanidad en ese centro clandestino
Marcela Andrada, a los 16 años, fue detenida en Rosario por un grupo identificado como “fuerzas conjuntas”. El Estado terrorista se lanzó contra las mujeres trans en la ciudad también con el Comando Radioeléctrico, la Guardia de Infantería y el personal de las comisarías, pero hubo una sección que asumió la persecución como tarea propia: “La fuerza de seguridad que llevó adelante esta política represiva fue principalmente la División Moralidad de la Policía de la Provincia”, afirmaron Ricardo Lamas y Matías Miguel Gómez al cabo de la investigación que fundamentó en 2018 la reparación histórica de la provincia de Santa Fe a diecinueve mujeres trans sobrevivientes de la dictadura.
En nombre de la moral
A los 14 años, Carolina Boetti cursaba el secundario por la tarde. Un día, a la salida de la escuela, se quedó charlando con una amiga de la misma edad en la actual Plaza Montenegro.
–De pronto se nos acercan tres hombres de civil y nos piden documentos –cuenta Boetti–. Se los dimos y nos hicieron subir a un Falcon verde, donde había otra persona. Un señor se presentó diciendo que era el jefe de Moralidad Pública y que estábamos yirando en la plaza. El terror se apoderó de nosotras.
Pasaron la noche en una celda de la comisaría 2ª. “Hasta hoy recuerdo el olor nauseabundo del calabozo”, dice Carolina. El comentario brutal de los policías a su padrastro cuando fue a buscarla al día siguiente es igualmente imborrable: “Su hijastro es homosexual. ¿Usted lo sabía?”
La prensa de la época no solo difundió las razias de Moralidad Pública sino que celebró la persecución. El 19 de julio de 1979, bajo el título “Las hermosas coperas eran travestis”, Crónica informó sobre el allanamiento de Xanadú, una whiskería que funcionaba en Salta 1837 e identificó con nombres masculinos a cinco mujeres trans, detenidas por Moralidad Pública junto con el dueño del lugar, los clientes y los mozos. El diario resaltó la femineidad de las trans, como si fuera un delito: “Se expresaban o movían como si se tratara de mujeres, una interpretación tan perfecta que no resultaba posible advertir la doble personalidad de cada uno de ellos (sic)”.
–Moralidad Pública salía todas las noches a hacer recorridos por los barrios de Rosario –sigue Carolina Boetti–. Había mujeres policías también. Con los años, hecha la transición, volví a encontrar al jefe de Moralidad Pública. Se encargaba de perseguirnos, donde estuviéramos. Nos iba a buscar a la puerta de las pensiones, a las zonas de trabajo. Stange, de apellido.
En otro artículo publicado el 13 de julio de 1981, “Protagonizaron un escándalo tres jóvenes travestis”, Crónica detalló que la policía había secuestrado “lujosos tapados de piel, ceñidos pantalones de cuero, zapatos de taco alto y prendas íntimas femeninas de gran valor”, además de pelucas, “abundantes ruleros” y maquillaje. “Cuando nos detenían nos secuestraban la cartera y todo lo que fuera femenino, porque era la prueba que tenían en nuestra contra”, explica Boetti. El travestismo y la prostitución estaban sancionados en el Código de Faltas y contemplaban penas de prisión.
Moralidad Pública tenía una larga historia de persecuciones. Su creación fue una iniciativa del jefe de policía de Rosario Arturo Gandolla, el 2 de julio de 1929. “Tendrá por objeto la vigilancia, persecución y represión de todo aquello que atañe a la moral en sus diversas manifestaciones”, especificó Gandolla. La prostitución, el rufianismo, la corrupción de menores, las “exhibiciones públicas deshonestas”, la sodomía, “la adivinación”, los bailes públicos y la mendicidad, fueron las áreas asignadas entonces a la sección.
La violencia estatal hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas, encauzada por Moralidad Pública a través del tiempo, se intensificó con la dictadura y con las mujeres trans en situación de prostitución. La rutina comenzaba con la razia, seguía con el ingreso a la sección en el tercer piso de la ex Jefatura y continuaba al día siguiente con el traslado a Tribunales para que la Justicia de Faltas resolviera la situación de cada detenida. Carolina Boetti atravesó esa odisea:
–En la leonera de los Tribunales, muchas veces, los presos nos prestaban pantalones, una camisa de hombre, algo para cambiarnos y presentarnos ante el juez o la jueza de forma distinta a las fotos que nos habían sacado. Ahí teníamos la posibilidad de que no nos dieran tantos días de prisión. Pero dependía del humor de los jueces.
El diario La Capital hizo más que informar sobre los procedimientos de Moralidad Pública. En un artículo sobre la detención de dos jóvenes de 16 y 17 años en San Martín y Viamonte, con el título “Conocidos homosexuales paseaban por la calle vestidos como mujeres”, el diario alarmó a los lectores:
“No es inusual ver a jovencitos con el cabello ostentosamente teñido entre corto y largo, maquillados, vistiendo ropas unisex o estrechísimos pantalones, cuando no vestimentas femeninas. En más de una oportunidad, y últimamente con mayor asiduidad, la crónica policial da cuenta del arresto de personas que pretenden hacerse pasar por soliviantadas mujeres de la noche”.
El periodismo asoció a travestis y mujeres trans con el escándalo, pero las crónicas no daban cuenta de incidentes o perturbaciones del orden sino de allanamientos y razias. La infracción consistía en la simple presencia de mujeres trans en público. Así, en la nota “Penoso espectáculo ofreció un travesti en Rosario”, Crónica informó la detención de una menor de 16 años por parte de Moralidad Pública el 21 de agosto de 1982. “Se estima que conflictos síquicos originados en traumas de la infancia derivaron en esta situación que, con oportuno tratamiento y por la edad del enfermo, se alberga el optimismo de que pueda ser superado (sic)”, balbuceó el diario.
Otro estereotipo del periodismo fue el supuesto asombro, compartido con la policía, respecto a que las mujeres trans representaban a la perfección algo que no eran y en consecuencia engañaban a los demás, por ejemplo a los clientes de la prostitución que supuestamente buscaban mujeres y no travestis. En aquella menor de 16 años, Crónica admiró “una niña sumamente atractiva, con pollera, zapatos de tacos altos, pelo suelto, maquillaje en el rostro y un fuerte perfume (…) incitando abiertamente a los hombres con propósitos reñidos con las buenas costumbres”.
Otro artículo sobre un “travesti escandaloso” que simplemente caminaba por el centro de Rosario citó a la trans, detalle excepcional. Se trataba de Marina Lacona, de 22 años, detenida por Moralidad Pública el 2 de octubre de 1981:
–Yo –dijo a la policía– no me siento hombre, sino mujer. No entiendo por qué se me impide buscar una compañía agradable cuando en realidad no hago daño a nadie.
La policía invocó entonces los “edictos terminantes” sobre la ofensa al pudor. “La llamativa presencia de los desviados sexuales se extiende a numerosos bares, confiterías y esquinas céntricas”, afirmó La Capital, y el Código de Faltas era un recurso para “salvaguardar la buena fe de terceros” sobre las identidades, además de las buenas costumbres. El diario respaldó la persecución: “Más allá de los distintos modos que existen para enfrentar este mal de la sociedad, acaso la intensificación de la vigilancia policial y procedimientos para reprimir la prostitución y la homosexualidad sean efectivos”.
Un desafío a la represión
–Nosotras éramos un colectivo de cuarenta mujeres al inicio de los años 80 –dice Carolina Boetti–. Cuando volví del exilio, en 2009, quedábamos diez. Nos salvamos las que emigramos y pudimos tener otra vida.
Por entonces Moralidad Pública era un recuerdo ominoso: el 29 de enero de 2004, el gobernador Jorge Obeid disolvió la sección. El detonante fue el asesinato de Sandra Cabrera, la secretaria de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, perpetrado dos días antes en el barrio de la Terminal de Ómnibus de Rosario. El crimen quedó impune, pero la sospecha quedó fijada en la policía de Rosario a la que había denunciado por amenazas de muerte.
Carolina Boetti fue la primera mujer trans en recibir la pensión que se otorga a víctimas de la dictadura. En 2020 creó el Archivo de la Memoria travesti-trans de Santa Fe, con Marzia Echenique y Karla Ojeda. Ahora protagoniza la obra de teatro Sueño gris y prepara una reposición aumentada de la muestra Identidades clandestinas, con fotografías, cartas y objetos que documentan la vida de las mujeres en trans en Rosario.
“La elección y la expresión pública de la identidad, hecha por el colectivo trans, implicó un desafío a las políticas represivas del Estado terrorista”, señalaron Ricardo Lamas y Matías Miguel Gómez. Pero los policías no estuvieron solos en la persecución: “La institucionalidad les exigía a las familias la corrección de ese ‘ser desviado’. El padre de una de las víctimas relató en sede judicial que ‘Tener un hijo gay, trans, era como algo malo, si yo tuviese la guita que me gasté en psicólogos, psiquiatra, chamanes, curanderos, terapia familiar, andaría en un Mercedes Benz, pensando que la iban a ‘curar’; qué tonto. Era saber quién tenía la culpa, mi mujer o yo.’”
“Como en el caso de la violencia diferencial hacia las mujeres en general –reflexiona Ana Oberlin en “La memoria no se guarda en el closet”–, hablar de lo pasado específicamente en relación con las mujeres trans es nombrar también las violencias en el presente, las exclusiones, las discriminaciones, los miedos, el horror”.
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Agradecimientos: Gisela Galassi, María Luisa Múgica.
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Sueño gris (dirección de Leonel Giacometto) se representa los viernes de mayo en el Teatro La Escalera, 9 de Julio 324.
Identidades clandestinas inaugura el 28 de junio en La Usina, Jujuy 2844.
