En las principales ciudades de Chile, las fuerzas armadas y los tanques ocupan las calles. Pero los civiles se mantienen firmes y se niegan a abandonar el espacio público. Los informes oficiales indican once muertes hasta ahora (según cifras relevadas por TheClinic, luego de la publicación de esta nota, los muertos llegaban a 15 a la noche del martes), aunque hay indicios de que el número es mayor. El presidente acudió a la televisión nacional para anunciar que el país está “en guerra con un poderoso enemigo que está dispuesto a usar la violencia sin límites”. Hay apagones en todo el país. Esto es octubre de 2019, pero podría ser fácilmente 1973, cuando el presidente socialista Salvador Allende fue derrocado en un golpe de estado, reemplazado por el dictador Augusto Pinochet.

El sábado pasado, el presidente de derecha, Sebastían Piñera, decretó un toque de queda en Santiago que pronto se extendería a otras regiones y ciudades de todo el país. Desde entonces ha otorgado poderes ampliados al jefe de las fuerzas armadas nacionales, Javier Iturriaga, a quien le endilgó el restablecimiento el orden. En este estado de emergencia, Piñera ha prohibido efectivamente el derecho de reunión, una medida que no se veía desde los días de Pinochet.

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A pesar de estas medidas fuertes, una huelga general plurinacional (en reconocimiento de las comunidades indígenas de Chile) está en pleno apogeo en todo el país. Mañana se espera un nuevo día de protestas masivas.

La chispa que encendió el fuego fue una subida de tarifas en el metro de Santiago en respuesta a los sistemas de tránsito increíblemente caros de Chile, uno de los más caros del mundo. Un movimiento dirigido por estudiantes respondió con una campaña de evasión de de molinetes (a través de los que se cobra la tarifa), que se extendió rápidamente a la población en general y tuvo éxito en paralizar uno de los principales servicios estratégicos de la capital.

Los aumentos de tarifas se produjeron inmediatamente después de un aumento general en el costo de los servicios básicos, que se impuso a los chilenos con arrogancia de rutina. El ministro de transportes de Chile sugirió altivamente que los viajeros “se despierten más temprano” (cuando es más barato el servicio).

Laboratorio neoliberal

El movimiento de protesta de Chile está tomando las calles pocos días después de la popular –aunque parcial– victoria en Ecuador contra el programa de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional. A pesar de la idea generalizada de que Chile es una democracia estable impulsada por una economía saludable –una imagen forjada cínicamente para actuar como un contrapunto de otras naciones sudamericanas–, la realidad es bastante diferente. Es una nación que ha sufrido el azote del capitalismo neoliberal tanto como sus vecinos en Ecuador, Brasil, Argentina y Perú, si no más.

Chile es el laboratorio original y perpetuo del neoliberalismo, con más de treinta años de políticas de choque económico en su haber y una guerra constante de baja intensidad contra las clases populares de la nación. Los infames Chicago Boys, los economistas entrenados en la Universidad de Chicago que fueron tan influyentes en la difusión de las medidas neoliberales durante el régimen de Pinochet, todavía están de servicio. Y Milton Friedman, que sabía un par de cosas sobre la creación de una crisis generalizada como pretexto para suspender los mecanismos democráticos, sigue siendo un punto de referencia clave.

Estas mismas fuerzas ahora tienen nuevas herramientas a su disposición. Al igual que en otros países latinoamericanos, la derecha ha pertrechado sus medios para declarar la guerra a un sector de la propia población de Chile, que califican como “vándalos”, “delincuentes” e incluso “lúmpenes”. Estos ataques se lanzan a aquellas comunidades que ya se sienten vulnerables. La de Piñera es una táctica cínica destinada a inculcar la idea de que la paz solo se puede establecer a través de la guerra. En este contexto, la policía ha realizado en los últimos días mil quinientos arrestos; ochenta y cinco personas han resultado heridas. Las organizaciones de la sociedad civil estiman que quince personas han sido asesinadas, aunque el número podría ser fácilmente mayor.

Los chilenos han sido criminalizados a discreción por este gobierno. Para tomar sólo un ejemplo, el gobierno de Piñera aprobó recientemente un proyecto de ley para instalar una importante presencia policial en las escuelas primarias y secundarias. No es sorprendente que los estudiantes de secundaria hayan tomado la delantera en el movimiento de evasión de molinetes del subte.

El levantamiento de esta semana es, de alguna manera, una repetición de las masivas movilizaciones de 2011 en el país a favor de la educación pública, no confesional y gratuita. Aunque parecía que las autoridades habían desactivado con éxito el movimiento, ahora es evidente que ese frente ha estado reuniendo fuerzas, trabajando para combatir las condiciones intensas de precariedad, privatización y despojo.

El conflicto que se desplegó hoy en Chile, en el contexto de la ley marcial, es la expresión de una sociedad que alcanzó un punto de ruptura. Los chilenos están exhaustos. Durante años han estado esperando justicia, democracia, paz y un nivel de vida digno. Las administraciones neoliberales han respondido con fragmentación, cooptación y el manejo técnico de la angustia social general. Y aún así, en las semanas previas a la última crisis, Piñera tuvo la osadía de referirse a Chile como “un oasis de estabilidad y democracia”, revelando su propia confianza frente a las graves crisis políticas y económicas del país.

La batalla por Chile redux

A diferencia del movimiento más moderado de 2011, las manifestaciones de 2019 no se pueden contener tan fácilmente. En ciudades de todo el país se está resistiendo el toque de queda. Incluso la decisión del gobierno durante el fin de semana de revocar los aumentos de los precios del transporte no ha disuadido a los manifestantes; parece, en cambio, haber avivado las llamas, con protestas que se han extendido aún más. En medio del canto familiar, “El pueblo unido jamás será vencido”, ahora se pueden escuchar nuevos lemas: “El toque de queda se queda en la Alameda” (una alusión a la dirección del Palacio de la Moneda, sede presidencial) y “evadir, no pagar, una forma de luchar”.

La derecha chilena –un bloque que abarca al gobierno, la clase empresarial, los militares y los medios corporativos– marcha a paso firme tras sus metas neoliberales. No obstante, las movilizaciones de esta semana gozan de legitimidad popular y encuentran el apoyo de varios sindicatos y movimientos sociales, entre ellos el sindicato de trabajadores del metro (y otras ramas del transporte público), así como los trabajadores portuarios. Además de pedir tarifas de tren subsidiadas, el sindicato de trabajadores del metro pidió la nacionalización total del transporte público.

Un nuevo bloque social que incluye sindicatos, grupos de estudiantes, feministas y ambientalistas ha propuesto un conjunto de demandas que es “transversal” (no sectorial) y se extiende a toda la nación. Además de pedir la renuncia de Piñera, entre las demandas de los manifestantes se encuentra un llamado a aumentos salariales y servicios básicos más baratos, una semana de cuarenta horas, la restauración de los derechos sindicales y la negociación colectiva sectorial, la nacionalización de los servicios públicos y los sectores energéticos estratégicos, la condonación de la deuda estudiantil, la anulación del fondo de pensiones del sector privado del país, la cancelación de los odiosos “códigos de agua” del libre mercado firmados por Pinochet en 1981, una reforma fiscal progresiva y una nueva política de migración. Acaso lo más dramático es que los manifestantes están pidiendo que la Asamblea Constituyente redacte una nueva constitución.

La escena se desenvuelve aún de manera impredecible. Se anuncian toques de queda adicionales a diario, se han cancelado los vuelos, se cierran los servicios y lugares de trabajo. Al observar una mayor presencia militar en las calles, las personas continúan resistiendo el toque de queda, y las filas de trabajadores que se unen a la huelga general continúan aumentando. Como resultado, los principales sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se unen al llamado a la huelga general de este miércoles.

Si hoy se escucha atentamente el rumor en las calles, se puede escuchar el eco de las últimas palabras de Salvador Allende: “El pueblo debe defenderse, pero no debe sacrificarse. La gente no debe dejarse destruir ni acribillar a balazos, pero tampoco pueden ser humillados”.

Nota bene: se respetaron todos los enlaces de la edición original en inglés en Jacobin.

Traducción de Pablo Makovsky

Otras lecturas

Entre los medios alternativos que con mayor crudeza abordan el conflicto del «modelo» chileno, tan adulado por la derecha argentina, encontramos esta nota en Celag, con una pormenorizada descripción de la política al interior del país; lo mismo que esta de Nueva Sociedad; esta estremecedora crónica de Tamara Tenenbaum desde Santiago en La agenda, lo mismo que ésta de Francisca Márquez en Anfibia. También pueden consultarse diarios y revistas contestatarias chilenas como la clásica The Clinic (debe su nombre a la clínica londinense donde permaneció arrestado Augusto Pinochet entre 1998 y 2000) y El desconcierto. Las razones del estallido del modelo chileno de exclusión son analizadas con mucha claridad pedagógica en este artículo de Alfredo Zaiat en la agencia Sputnik. A su vez, en Radiocut puede escucharse la entrevista que le hiciera Ali Lijalad a Marcos Enríquez Ominami, donde dice, entre otras cosas: «El modelo chileno consiste en vender cobre, salmón y madera, eso hacemos en Chile, todo lo demás es cuento. De eso vivimos, de una economía abierta con poco valor agregado y, por lo tanto con malos sueldos. Un chileno promedio vive endeudándose en los bancos que todos conocemos, pero la otra deuda de los chilenos es lo que conocen en Argentina: Falabella, Cencosud, Jumbo. Son multitiendas que venden un poco de todo pero en realidad no venden ropa, ni artículos de bazar, lo que venden es dinero, te ofrecen pagos a 26 cuotas y en realidad están vendiendo dinero, son bancos. Por tanto un chileno promedio, que gana entre 400 y 600 dólares (al mes) termina endeudándose al doble por esta vía: un mes se endeuda en un banco y al siguiente en Falabella o en Jumbo. Esa deuda por ley no debe ser informada, no debe ser consolidada, la ley sólo obliga a los bancos a informar. Y ese es el detónate del famoso modelo chileno tan admirado por la derecha argentina y tan torpemente descrito, porque el modelo chileno consiste en bajos derechos, bajos ingresos y alta deuda privada.

«Argentina tiene alta deuda pública y el Chile tiene baja deuda pública. Pero el estado chileno no paga como un derecho la educación. Yo estudié en una universidad pública y la pagué al mismo costo que una privada. Imagínense que la UBA cobre lo mismo que la Austral en Argentina, entonces (la chilena) es una sociedad que no tiene deberes, no tiene el deber de subsidiar el transporte seriamente, no tiene el deber de pagar pensiones seriamente porque tiene el sistema de las AFJP (AFP en Chile) y cuando el estado tiene mínimos deberes tiene una situación fiscal más o menos positiva. Cuando reduces casi a cero los deberes del estado se los traspasa al individuo. Entonces ser economista chileno es como ser economista en un cementerio. Entonces, no se trata de los 30 pesos del aumento del boleto del metro, sino de 30 años de políticas económicas.»

Claro, las redes sociales, en tanto puedan seguir usándose (en Chile comenzaron a dar de baja torres de transmisión de datos para evitar la propagación de imágenes de la represión criminal), son una fuente muy inspiradora aunque no siempre precisa. Este tuit en la que un jefe militar chileno cita con seriedad al Chavo del 8 es conmovedor.

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Sobre los autores:

Acerca de Felipe Lagos Rojas

Felipe Lagos Rojas es profesor adjunto en el Seattle Central College y miembro del partido chileno Convergencia Social. Reseña en Jacobin.

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Acerca de Francisca Gómez Baeza

Francisca Gómez Baeza es estudiante de doctorado en la Universidad de Washington y miembro del partido chileno Convergencia Social, según reseña en Jacobin.

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