Las elecciones de Perú, que consagraron a Pedro Castillo, un maestro y sindicalista de izquierda campesino, como presidente, son acaso la mejor noticia de los últimos días para comenzar a bosquejar la idea de un Cono Sur aliado en un bloque contra-hegemónico que permita un mejor desempeño regional frente a la dispersión global que aceleró la pandemia de covid-19. En esta misma revista se reprodujo una nota de 2020 que reflejaba la crisis del Perú durante la epidemia: pacientes librados a la mano del libre emprendedurismo que debían pelear sus tubos de oxígeno en la calle de modo salvaje. Este análisis traza un mapa de los principales desafíos del nuevo presidente de un país que, junto con Chile y la Colombia sumida en una silenciosa guerra civil desde hace décadas, eran los ejemplos más fulgurantes de un neoliberalismo que florecía en crecimiento al mismo tiempo que producía una desigualdad inimaginada hace cuatro décadas, con una tasa de empleo informal que supera el 70 por ciento. Este artículo se tradujo de Jacobin, la revista de izquierda estadounidense que promovió la candidatura de Bernie Sanders a la presidencia de EEUU y la banca de Alexandria Ocasio-Cortez a la Cámara de Representantes.

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Pese a que aún se cuentan los últimos votos en las difíciles elecciones de Perú, parece que el candidato presidencial de izquierda Pedro Castillo mantendrá su estrecha ventaja sobre su oponente de derecha Keiko Fujimori. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ya declaró que las elecciones fueron limpias y justas y, a pesar de las repetidas acusaciones de fraude electoral de Fujimori, en Perú no hay muchas ganas de seguirla. La caída de 7.7 por ciento en la Bolsa de Valores de Lima parece confirmar lo que todos saben: Pedro Castillo será el próximo presidente de la República del Perú.

A medida que se asienta el polvo de un ciclo electoral marcado por la histeria anticomunista, las preguntas ahora se dirigen a cómo podría ser un futuro gobierno de Castillo. Perú nunca ha tenido un presidente que se parezca ni remotamente a Castillo, un sindicalista indígena de izquierda. Las únicas comparaciones inmediatas –el progresismo impulsado por la dirigente Verónika Mendoza o el ex presidente nacionalista Ollanta Humala–, en realidad solo subrayan lo impactante que será ver a alguien del origen social y político de Castillo en el Palacio de Gobierno.

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El hecho de que Perú tenga hoy en día la cifra oficial de muertos por covid-19 más alta del mundo también echa leña al fuego en un clima general de incertidumbre. Sólo en el último año el país experimentó una contracción de la economía del 11 por ciento y un aumento de la pobreza del 10 por ciento. Si la aguda crisis social y económica del país fue un factor decisivo en la victoria de Castillo, también plantea interrogantes sobre la capacidad de gobernar de la administración entrante, una pregunta agravada por la incertidumbre sobre la composición del futuro gabinete, la incómoda relación de Castillo con su propio partido, Perú Libre, y cómo se enfrentará a una oposición mayoritaria en el Congreso.

Aún con tantos signos de interrogación sobre el futuro de Perú, hay importantes conclusiones sobre la histórica victoria de Castillo que brindan algunas pistas sobre hacia dónde se puede dirigir el país, las batallas que le esperan a su administración y las estrategias que Castillo debería seguir para convertir el triunfo sin precedentes de la izquierda en las urnas en una victoria del pueblo peruano.

El más improbable de los vencedores

En un nivel puramente simbólico, sería difícil exagerar el impacto de la victoria de Castillo. Por un lado, viene de la mano de una restauración conservadora en Ecuador y una sensación general de desorientación entre gran parte de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, con los vecinos Chile y Colombia ya marcando una contratendencia y la posibilidad de un nuevo ciclo de política radical en la región, un gobierno de Castillo representa una dosis de fortaleza para un resurgimiento de la izquierda.

Si bien Castillo sostuvo conversaciones de alto perfil con exjefes de estado progresistas como el uruguayo José “Pepe” Mujica y el boliviano Evo Morales, tuvo cuidado en la campaña de restar importancia a la cuestión de la política exterior y la integración regional (a diferencia de Humala, quien en 2011 hizo una exitosa campaña con un pasaje para la “ola rosa”). En parte, Castillo intentó desactivar las campañas de ataque de la derecha –”Venezuela” es el caballo de batalla favorito de la prensa peruana– e hizo su carrera electoral directamente sobre la mayoría peruana invisible y desatendida por la clase política del país.

En ese mismo sentido, la candidatura de Castillo equivale a un referéndum sobre la total desconexión de esa clase de las preocupaciones populares en su conjunto. La frase, repetida hasta el cansancio, de que “nadie vio venir a Castillo” se convirtió en realidad en una autoacusación de la derecha peruana, cuyo otrora eficaz populismo neoliberal –encarnado en la figura del exlíder Alberto Fujimori– se ha desmoronado por completo a raíz de la segunda crisis neoliberal de la región.

Castillo, el segundo presidente del Perú moderno proveniente de las provincias del interior del país, encabeza un movimiento creciente que podría llamarse la “venganza de las regiones”. Como se apresuraron a señalar los analistas electorales, obtuvo victorias aplastantes en dieciséis de los departamentos rurales de los estados donde la composición social es fuertemente campesina y/o indígena.

Sin duda, el apoyo a Castillo como el candidato del “Perú profundo”, se refleja en el 80 por ciento o más de los votos en regiones como Ayacucho, Cusco y Puno que muestran un cambio político crítico. Un análisis detallado de las tendencias de la votación muestra que su apoyo se encuentra más cerca en aquellas partes de Perú donde las industrias extractivas han estado en auge al mismo tiempo que también se ha disparado la pobreza. En otras palabras, como se refleja en el eslogan de su campaña, “No más pobres en un país rico”, y su intención declarada de financiar un gasto público importante a través de impuestos a las industrias mineras, el proyecto político de Castillo se sostiene en una de las principales fallas socioeconómicas del país.

Aunque algo menos tangible en términos políticos, un gobierno “regionalizado” tiene profundas implicaciones históricas que apuntan al corazón de la identidad nacional peruana. Desde el “mito del Inca” original –que promete una reunificación redentora del cuerpo político y el derrumbe de la fragmentación colonial– hasta la sentencia de José Carlos Mariátegui de que la “cuestión indígena” se encuentra en el corazón del modelo económico general del país, la inclinación conservadora del proyecto nacional peruano centrado en Lima siempre estuvo embrujado por la posibilidad de una “tempestad en los Andes”, como la llamó el autor peruano Luis Valcárcel.

Si la presidencia de Castillo representa una primicia histórica en términos de romper la barrera nacional para los movimientos políticos regionales, todavía quedan preguntas pendientes sobre lo que esto significaría en términos de gobernabilidad (en ausencia de una nueva constitución plurinacional). De hecho, el plan de doce páginas de Castillo para el gobierno generalmente es corto en detalles. Con razón o sin ella, esto ha sido parte de su éxito: presentar una visión política centrada en la movilización social y el poder acumulado de la clase trabajadora en lugar de soluciones rápidas tecnocráticas. Anahí Durand Guevara, ex estratega política de Mendoza y actual miembro del equipo técnico de Castillo, reconoció convincentemente esto: mientras que la campaña progresista de Mendoza a veces estuvo llena de detalles técnicos, la inmediatez de las consignas de Castillo para la reforma agraria y una nueva constitución contribuyó a un sentido de empoderamiento popular durante la campaña.

Esto también interpela a uno de los otros sectores invisibles que promete tomar el centro del escenario con una presidencia de Castillo. Cualquiera que haya viajado por Perú habrá reconocido una importante discrepancia entre la reputación conservadora del país y la omnipresencia de la protesta social. Según Latinobarómetro, Perú ocupa el segundo lugar después de Bolivia en torno al porcentaje de ciudadanos movilizados que participan en las protestas, ya sea a través de acciones de huelga en el sector minero, desafíos locales a los abusos de la industria extractiva, protestas del sector público en torno a la educación y la salud, o manifestaciones a gran escala contra la corrupción endémica. La combinación de precariedad neoliberal y fragmentación regional ha impedido durante mucho tiempo la unión de estos movimientos como para representar una amenaza creíble para el sistema, pero con Castillo pueden comenzar a desempeñar un papel importante en la política nacional.

Una crisis de la clase política peruana

Con todas las virtudes que posee Castillo, es difícil negar que las elecciones podrían haber ido de otra manera si Keiko Fujimori no hubiera sido su oponente. La política más impopular de Perú, la candidata de extrema derecha, pasó por un estrecho margen en las elecciones de primera vuelta con solo el 13 por ciento de los votos, superando al candidato preferido por el sistema, Hernando de Soto.

Con un discurso que de modo deliberado evitó hablar de política y explotó el alarmismo anticomunista, Fujimori logró llevar a su lado a los sectores liberales y de centro derecha más reacios de la clase política. Con su base electoral en Lima y el vecino distrito de Callao, que en conjunto alberga al 40 por ciento de la población del país, casi logró torcer las elecciones a través de una combinación de sistemas de patrocinio vinculados a su partido Fuerza Popular y una implacable campaña de hostigamiento que todavía goza de la tracción entre diversos grupos sociales, desde la óptica frenética de la Guerra Fría de las élites gobernantes de Perú hasta los sectores populares urbanos que asocian la política de izquierda con el terrorismo y la criminalidad.

La derrota de Fujimori puede significar el fin de una tradición política de derecha que ya estaba en crisis. De hecho, las elecciones de primera vuelta estuvieron marcadas por una mayor fragmentación de la derecha: los otros candidatos principales, Rafael López Aliaga y De Soto, son políticos adyacentes a Fujimori que, en otras circunstancias, no habrían rivalizado con el clan Fujimori. Pero la menguante legitimidad del fujimorismo, visto como el abanderado de la corrupción institucional y el impasse político desde su posición en el Congreso, es parte de una crisis de representación más amplia en Perú, donde los partidos políticos volátiles y las alianzas de partidos efímeras son la norma.

Incluso en la derrota, y con una fragmentación de partidos sin precedentes en el Congreso, el establishment político en su conjunto y el sector conservador en particular seguirán teniendo la mayoría de los escaños legislativos. En un sistema semipresidencialista en el que el poder oscila entre el parlamento y el ejecutivo, Castillo enfrentará una importante batalla desigual para promover su programa reformista, entre lo que destaca el llamado a una Asamblea Constituyente para una nueva constitución. Además, en el momento de redactar este informe, el Congreso ha convocado una sesión expresa para aprobar una reforma constitucional que rechazaría la cuestión de confianza, el recurso disponible para que el ejecutivo disuelva el Congreso en caso de que emita dos votos de censura sobre un proyecto de ley de importancia nacional .

El Congreso de Perú es la legislatura nacional con el índice de desaprobación pública más alto de toda América Latina. De hecho, se podría decir que la propia institución es la punta del iceberg de lo que Antonio Gramsci llamó una “crisis orgánica”: niveles sistémicos de disfunción que afectan a todos los niveles de la sociedad.

Los recientes movimientos de protesta han tomado la corrupción del Congreso como su principal objetivo, incluso otorgando al expresidente Martín Vizcarra el mandato popular de disolver la legislatura obstruccionista. Pero la repentina erupción de una figura nacional como Castillo podría ser suficiente para impulsar las tendencias apolíticas latentes del sentimiento anticorrupción hacia un cuestionamiento más sistémico del modelo político del país, conectando los puntos entre las industrias extractivas privatizadas, los mercados desregulados y el amiguismo generalizado.

¿Una alianza de izquierda para gobernar?

Tras los temores iniciales, Perú Libre de Castillo y Nuevo Perú de Mendoza forjaron una alianza electoral vital que resultó exitosa en la campaña electoral. A partir del círculo íntimo de Mendoza, en el tramo final de la campaña Castillo pudo presentar un programa de gobierno más sólido y anunciar un equipo consumado de expertos en política.

Queda por ver si esa alianza electoral se puede trasladar a una administración de izquierda unificada. Castillo necesitará el apoyo del Nuevo Perú de Mendoza y otros partidos de izquierda no solo para armar su administración y ampliar su base política, sino para ayudar a formar un bloque de votación progresista en el Congreso.

Una de las figuras clave en torno a Castillo, tanto en la campaña electoral como en el futuro gobierno, es Pedro Francke, un ex economista del Banco Mundial y asesor de Mendoza a quien se le ha atribuido en gran medida el mérito de suavizar los puntos de conversación del futuro presidente sobre temas de política económica. Al tiempo que promueve la protección de la industria nacional, la reactivación económica a través de inversiones públicas específicas y la renegociación de las concesiones mineras, Francke también ha dejado claro que un gobierno de Castillo no nacionalizará las industrias, el banco nacional independiente, ni se meterá en controles de precios o divisas.

Si bien el programa económico reformista de Francke tuvo sus ganancias en la campaña electoral, también puede poner a Castillo en desacuerdo con el líder de su propio partido, Vladimir Cerrón. La relación de Castillo con Perú Libre es delicada después de tomar la decisión de distanciarse de algunas de las posiciones más radicales de la plataforma del partido; sin embargo, Castillo necesitará mantener su apoyo si espera tener alguna posibilidad de seguir su agenda legislativa en el Congreso, donde Perú Libre tiene el mayor bloque de escaños.

Ya veremos qué tipo de equilibrio logrará Castillo, entre el programa más radical de Perú Libre o los avances reformistas de Francke y otros expertos del círculo de Mendoza. Una evaluación sobria del terreno político comenzaría reconociendo que la plataforma de campaña moderada presentada por Castillo fue suficiente para convencer a algunos votantes anti-Fujimori de que él no es un extremista, es decir, es posible que ni siquiera apoyen necesariamente la plataforma en sí.

Más importante aún, Castillo todavía tiene un largo camino por recorrer para consolidar el poder. Las tareas pendientes, como la construcción de una verdadera infraestructura de partidos con participación masiva, deberían estar en la cima de la agenda. Asimismo, estabilizar la economía y reactivar el crecimiento será vital para las promesas de campaña de Castillo de estímulo al empleo y aumento del gasto en servicios públicos como educación y atención médica. Pero hasta dónde puede llegar un gobierno de Castillo en la implementación de un programa económico radical dependerá en gran medida de qué tan lejos esté dispuesta a acompañarlo la sociedad peruana.

Como han afirmado Mike Davis y otros, Perú fue el lugar de nacimiento del “populismo neoliberal” con Alberto Fujimori. Sea lo que sea, que esta versión de extrema derecha del neoliberalismo –junto con la herencia política de Fujimori– haya recibido un golpe decisivo por parte de un izquierdista declarado es un triunfo que vale la pena celebrar.

 

Nota bene: Se respetaron todos los hipervínculos de la nota original en inglés y se agregaron otros que se consideró pertinentes. Traducción de Pablo Makovsky.

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Acerca de Nicolás Allen

Allen es editor colaborador de Jacobin y editor Jacobin América Latina. Se licenció en Humanidades por la Universidad Reed College y cursó Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Stanford. En Buenos Aires cursó el doctorado en Literatura en la Universidad de Buenos Aires (UBA), según su perfil en la revista Nueva Sociedad.

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