En 2012 el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario absolvió a Ricardo Miguel Chomicki –ex integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios– de las acusaciones de integrar el aparato represivo de la policía rosarina durante la dictadura. El fallo generó un intenso debate entre organizaciones de derechos humanos e intelectuales: ¿podía ser enjuiciado un militante político en el mismo banquillo que los perpetradores, como sucedió con la causa Díaz Bessone? La discusión se reabre en el juicio actual contra dos represores por los delitos cometidos contra Chomicki, Nilda Folch y Graciela Porta, también señaladas como colaboradoras por otros sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en la ex Jefatura de Policía de Rosario. Ahora se plantea otra pregunta: ¿pueden ser reconocidos como víctimas quienes recibieron torturas, fueron privados de su libertad y sufrieron incluso violaciones, aunque otros sobrevivientes las descalifiquen como tales por su conducta posterior?

Los acusados son Julio Darío Fermoselle y Mario Alfredo Marcote, dos integrantes de la patota del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario responsable de secuestros, asesinatos y torturas durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario los juzga por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos de tres detenidos-desaparecidos y, en un caso, por violación. Pero no hay ningún organismo de derechos humanos presente, y mucho menos como querellante, porque las víctimas en cuestión no son reconocidas como tales por sus antiguos compañeros de militancia: Ricardo Miguel Chomicki, Nilda Virginia Folch y Graciela Porta fueron señalados históricamente por otros sobrevivientes como colaboradores de la represión.

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El juicio que se realiza en el Tribunal Oral Federal reactualiza así un debate que surgió en 2010, cuando Chomicki fue llevado a juicio en la causa “Díaz Bessone y otros por homicidio, violación y tortura”. Folch estaba prófuga y Porta en Italia, donde se radicó después de ser liberada por los represores; el cuarto acusado de colaborar con la represión, José Baravalle, se suicidó el 14 de agosto de 2008. El 26 de marzo de 2012 la Justicia absolvió a Chomicki y estableció una verdad que parece inaceptable: no existen pruebas de que haya colaborado con la represión.

El juicio actual se desarrolla con frecuencia semanal –una audiencia cada lunes por la mañana– y en la penúltima sesión incluyó una inspección en lo que fue el centro clandestino de la ex Jefatura. “Nunca tuve la posibilidad de declarar como testigo. Después de defenderme de incriminaciones injustas ahora puedo denunciar los tormentos que sufrí”, dijo Chomicki después de presentarse ante los jueces.

Chomicki y Folch fueron detenidos en diciembre de 1976 y trasladados al Servicio de Informaciones. Tenían 19 y 18 años y militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios. Al ingresar fueron torturados y Folch fue violada por tres represores, entre los que identificó a Fermoselle y a Marcote.

“Ella hablaba poco de eso, le ha costado muchísimo. Entre nosotros siempre se habló genéricamente como la violación, nunca con detalles”, dijo Chomicki en el juicio. Folch pidió que el periodismo no presenciara su declaración (aunque esto valía solo para mí, porque no había ningún otro cronista presente, a pesar de la importancia que los medios rosarinos reconocen a los juicios por delitos de lesa humanidad) y según el fiscal Adolfo Villate ofreció un testimonio detallado sobre el episodio y sus primeros días en el centro clandestino.

Agustín Feced fue el que separó a Chomicki y Folch del resto de los detenidos. El entonces jefe de policía de Rosario encontró a Folch parecida a su hija mayor y ordenó que ambos fueran legalizados después de pasar tres meses como detenidos-desaparecidos y gestionó su libertad en junio de 1977. Chomicki y Folch permanecieron hasta ese momento en un sector con dos literas y una pequeña cocina contiguo a la sala de torturas y fueron obligados a cumplir tareas de servicio para los represores, como cebar mate, preparar la comida o hacer limpieza.

Las sospechas que pesan sobre Chomicki y Folch podrían ser vistas entonces como un designio de Feced, quien también los obligó a casarse e hizo de padrino de una ceremonia realizada en Zavalla literalmente a punta de pistola. Chomicki y Folch se radicaron en Mar del Plata después de recuperar la libertad y fueron sometidos a controles periódicos e intimidaciones que se agravaron hacia 1984.

¿Cómo fue posible que Feced tuviera ese gesto? La misma persona que, entre otras atrocidades, llevaba un álbum con fotos de cadáveres. Pero el interrogante debería ser dirigido hacia el represor, del mismo modo que, por ejemplo, si Chomicki redactó partes que fueron publicados en La Capital habría que indagar los vínculos del diario con el Servicio de Informaciones durante la dictadura.

“Uno de los objetivos más perversos de los centros clandestinos de detención fue volver a la víctima contra sus compañeros, dividirlos, fomentar entre ellos la desconfianza, que lamentablemente existió durante años”, señaló el abogado Rodolfo Yanzón en El caso Chomicki, un libro publicado en 2015 por el Museo de la Memoria de Rosario que formalizó el debate. Precisamente el abogado Gonzalo Miño, defensor de Fermoselle en el juicio actual, ofreció como testigos contra Chomicki, Folch y Porta a cuatro ex detenidos-desaparecidos.

El límite humano

Dos de los testigos invocados por la defensa del represor no fueron localizados por el Tribunal y dos respondieron a la convocatoria. Alfredo Vivono, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia, pidió que se lo exima de presentarse y que se acepte su declaración anterior en la causa Feced. José Aloisio se presentó a declarar.

La presentación de Aloisio “requiere una mínima historización”, plantea la abogada Gabriela Durruty: “en enero de 1984 cuando no hacía un mes que se había recuperado la democracia y el aparato represivo estaba intacto, un grupo de sobrevivientes entre los que estaba José Aloisio inician lo que sería la megacausa Feced, con el patrocinio de la abogada Olga Cabrera Hansen; en esa primera declaración fueron mencionados cinco civiles (nota: Baravalle, Chomicki, Folch, Porta y Carlos Brunato) que antes del golpe militar eran conocidos por los sobrevivientes como compañeros de militancia pero a los que dentro del Servicio de Informaciones todos perciben como parte de la patota represiva”.

Pero Chomicki fue absuelto por el Tribunal que lo juzgó. “Es verdad –concede Durruty–, pero es importante explicar por qué lo absuelven. El Tribunal dice que cometió los delitos en estado de necesidad exculpante. No se elimina el delito sino que se reconoce que lo hubo pero el Tribunal entiende que no se lo puede reprochar porque lo hizo en estado de necesidad. José Aloisio mantuvo la veracidad indiscutible de los sobrevivientes. Los sobrevivientes no le agregaron una coma a lo que hicieron los represores. Ellos no percibieron a estas personas como víctimas”.

El debate incluyó pronunciamientos de diversos organismos de derechos humanos. El Tribunal que absolvió a Chomicki señaló que no se pudo acreditar la participación del acusado como integrante de los aparatos represivos y que sus conductas –el trabajo esclavo en el centro clandestino– “fueron originadas por la situación de opresión a la que estuvo expuesto como secuestrado”.

“No escapa a los integrantes de este tribunal que la situación que debió padecer Chomicki fue la misma que debieron padecer todas las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención, incluso las que sobrevivieron. Pero tampoco escapa que ninguno de nosotros puede establecer a ciencia cierta con ánimo de aproximación a la certeza, cuál es la medida, límite o tope de dolor y de tormento que un ser humano está capacitado para soportar –manifestaron los jueces. No corresponde a este Tribunal abrir un juicio de valor sobre si los medios empleados en Chomicki fueron suficientes o no como para anular su albedrío y voluntad”.

Fue, también, lo que planteó José Baravalle en la carta que escribió antes de suicidarse: “Mi única culpa es que no he podido resistir la tortura. ¿Cuál es el límite humano?”.

Aloisio reiteró en su declaración las acusaciones que formuló él mismo y otros sobrevivientes en la causa Díaz Bessone: “No compartí detención (con Chomicki), ni supe que hubiera estado detenido. No recibí comentarios de que lo hayan torturado ni que hubiera estado en la Favela o la Rotonda (con los detenidos-desaparecidos)”, dijo.

Las referencias, en cambio, eran que Chomicki “participaba de los interrogatorios y que salía a la calle a marcar gente: se hacía pasar por detenido para identificar a sus conocidos”. No obstante, reconoció que tanto Chomicki como Folch estaban identificados como miembros de Montoneros en el Informe Sotera, un dossier de inteligencia del II Cuerpo de Ejército que orientó la represión ilegal.

Aloisio reconoció la voz de Chomicki, según su testimonio, mientras estuvo detenido en el Servicio de Informaciones, entre el 14 y el 30 de septiembre de 1976, cuando fue llevado a la cárcel de Coronda. Chomicki afirma que fue detenido en diciembre de 1976 y pidió un careo, a lo que el Tribunal se negó, por considerarlo revictimizante para el testigo.

Ante una pregunta del fiscal, Aloisio dijo que conocía a Nilda Folch pero que mientras estuvo en el Servicio de Informaciones no la escuchó ni la vio. Cuando se le marcó una contradicción con una declaración anterior, cuando afirmó que le pareció escuchar a Folch, dijo que no lo recordaba: “Pasaron 46 años tratando de rehacer una vida normal”, afirmó.

“El testigo tiene la obligación de contar lo que recuerda, no de recordar todo. La memoria funciona de distintas maneras en relación con los años y el dolor por lo ocurrido”, plantea la abogada Durruty.

Si el testimonio de un sobreviviente resulta funcional para la defensa de los represores, según Durruty, “obedece a que los sobrevivientes dicen la verdad”. Pero la defensa de Fermoselle aprovecha con plena conciencia los enfrentamientos entre ex detenidos, categoría de la que parece que Chomicki estaría desterrado.

“En este caso alguien quiere aparecer como víctima cuando no lo fue e integraba la patota –afirma Durruty–. Ningún sobreviviente va a decir una palabra de más para sumarle una condena a un represor, por más que sea súper violento tener que declarar y saber que puede redundar en su beneficio. La verdad hay que respetarla, y acá el que no la respeta es el que quiere pasar de victimario a víctima”.

Una figura exculpatoria

La situación de los ex detenidos señalados –nunca más precisa esa palabra– como colaboradores cobra sentido en el contexto de las figuraciones sobre el heroísmo y la traición en la militancia revolucionaria de los 70 y descubre un trasfondo poco reconocido en la derrota de las organizaciones armadas. “La experiencia de Ricardo Chomicki permite observar y analizar las posiciones y argumentos de los actores en juego, de modo que ilumina con particular claridad los debates y las pugnas por la interpretación del pasado reciente al interior del movimiento de derechos humanos de la Argentina y las dificultades que existen para gestionar temas tan controversiales como la colaboración al interior de los centros clandestinos”, señala en particular la historiadora chilena María Olga Ruiz en “Muertes luminosas, vidas en la oscuridad”, un estudio dedicado a la cuestión.

“La contracara del héroe es el traidor, símbolo de la peor de las abyecciones posibles en el ethos de las organizaciones armadas –agrega Ruiz. En este marco cultural, y de acuerdo a lo señalado en numerosos testimonios, para la mayoría de los militantes la muerte era preferible a la traición y el miedo a la tortura encerraba algo más que el temor al tormento físico y emocional: la posibilidad de convertirse en un traidor”.

Chomicki relató en el juicio actual: “En 1984 me fueron a visitar compañeros a pedirme que declarara en los juicios. Me negué por las amenazas que había tenido y porque el tono de esos compañeros fue de apretada. Después vino el batallón de denuncias en mi contra”. También defendió a Graciela Porta, quien por su parte se remitió a una declaración de 2009: “Le mataron al marido (Santiago Wherle) y llegó detenida con su hijo de 40 días. Sigue siendo una víctima, todavía hoy está pagando su estadía en el Servicio de Informaciones. Calculo que las acusaciones vienen de haber sido después la esposa de José Baravalle. Pero en el Servicio de Informaciones no hizo otra cosa que llorar con su hijo en brazos”.

“Hubo quienes por distintas razones se negaron a declarar y esa negativa ha sido leída como una confirmación de las sospechas y acusaciones, como una prueba irrefutable de que esos ex militantes habían elegido cambiar de bando y sumarse al grupo de los represores, como un gesto de lealtad y de compromiso con el enemigo”, analiza María Olga Ruiz. Es el caso de Chomicki, que de traidor se convierte en represor y que en tanto tal se le asigna el conocimiento sobre la suerte de otros detenidos-desaparecidos.

José Baravalle se refirió a esa demanda de información en la nota que dejó antes de arrojarse desde un puente, en Biella, norte de Italia: “No sé lo que ellos creen que yo sepa (…) Es tremendo pasar de ser víctima a verdugo. Alguien celebrará: los verdaderos culpables”. María Olga Ruiz observa en ese sentido que “la figura del traidor es útil y funcional a un discurso exculpatorio de los miembros de las FFAA que cometieron crímenes de lesa humanidad”, y esa situación es parte de la compleja trama en el juicio ante el Tribunal Oral Federal número 2, cuando se acerca la hora de la sentencia.

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Sobre el autor:

Acerca de Osvaldo Aguirre

Nació en Colón. Estudió Letras en la Universidad Nacional de Rosario. Es periodista, poeta y escritor. Ha publicado poesía, crónica, novela y ensayo, entre los que destacan: Las vueltas del camino (1992), Al fuego (1994), El General (2000), Ningún nombre (2005), Lengua natal (2007), Tierra en el aire (2010) y Campo Albornoz (2010), y reunió sus tres primeros libros en El campo (2014). Fue editor de la sección Cultura del diario La Capital de Rosario.

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