En las décadas de 1970 y 1980, Luis María Castellanos fue uno de los periodistas más importantes de la Argentina. Su versatilidad, la formación cultural que ponía en juego y la calidad de su escritura lo distinguieron primero en Rosario, donde se inició como cronista, y después en Buenos Aires, y llegó a ocupar cargos jerárquicos en las redacciones de La Semana y Somos, entre otros medios. Hasta
que en el juicio a las Juntas Militares fue denunciado como uno de los colaboradores civiles del almirante Emilio Eduardo Massera.
Castellanos (1943-2005) no es estrictamente un periodista olvidado. Su nombre reaparece periódicamente en recordatorios de prensa desde que El Periodista de Buenos Aires lo incluyó en 1984 entre “los nombres de la infamia”, un listado basado en los registros de la Conadep de 1.371 militares y civiles involucrados en la represión durante la dictadura. Es entonces algo todavía peor: un condenado al oprobio, a perdurar como ejemplo de lo que el periodismo no debería ser. Una especie de antítesis de Rodolfo Walsh, podría decirse, con quien sin embargo compartió la redacción del diario Noticias, en 1973.
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“Luis María Castellanos trabajaba junto con los periodistas Guillermo Aronin y Víctor Lapegna en las oficinas de prensa de Massera”, declaró Miriam Lewin el 18 de julio de 1985, durante el Juicio a las Juntas. Lewin los había conocido como detenida desaparecida en el edificio de Cerrito 1126, donde el almirante instaló su base de operaciones y la sede del Partido para la Democracia Social, una vez que
se retiró de la Armada.
No fue el primer testimonio que relacionó a periodistas con la Armada y con Massera. En la biografía Almirante Cero, Claudio Uriarte relata que los contactos en la prensa fueron una temprana obsesión del marino, incluso antes de que Perón lo consagrara almirante.
El 12 de octubre de 1979, ante la Asamblea Nacional de París, Sara Solarz de Osatinsky, Ana María Martí y Alicia Milia de Pirles denunciaron a Héctor Agulleiro y Héctor Sayago, apodados respectivamente Bebe y Bebito, como asiduos visitantes de la Esma y propagandistas de la dictadura.
Pese al sacudón de algún escrache, como el que sufrió Sayago en Madrid, donde pasaba por periodista respetable, cuando lo abordó Andrés Castillo, ex detenido desaparecido, ambos se mantuvieron lejos de los juicios y se perdieron en los registros de aquellos años.
Aronin, empleado de Canal 11 y Canal 13 durante la dictadura, continuó sin sobresaltos su carrera periodística en La Plata, su ciudad natal. Ex dirigente universitario del Partido Comunista Revolucionario, Lapegna dio un viraje de 360 grados en sus convicciones políticas y sin mayor transición pasó a convertirse al catolicismo y a la militancia en la agrupación Guardia de Hierro. Nunca negó sus vínculos con Massera, del que fue vocero de prensa hasta que los crímenes de Elena Holmberg, Fernando Branca y Héctor Hidalgo Solá llevaron a la cárcel al almirante, en 1984, pero también se puso a cubierto de las acusaciones como funcionario del menemismo, entre 1989 y 1999. Falleció en 2018, cuando trabajaba junto con el Padre Pepe contra el proyecto de legalización del aborto.
Castellanos no pudo esquivar la condena. Había vivido “en estado de sospecha”, como lo definió un tuit de Jorge Asís, quien lo rescata en su novela «Partes de inteligencia», y en adelante quedó relegado a ámbitos marginales del periodismo, publicaciones efímeras y de nulo prestigio, desde El Informador
Público 0150conocido como house organ de cuanto servicio de inteligencia operaba durante el alfonsinismo– hasta El Otro, una revista concebida para agitar la candidatura presidencial de Menem.
Recuerdos de provincia
Perteneció a una familia muy conocida en la cultura de Rosario. Su padre, Luis Arturo Castellanos, profesor especializado en literatura española, fue decano de Filosofía y Letras entre 1969 y 1971 y trabajó como editorialista en La Capital.
En ese diario, precisamente, se inició Luis María como cronista de información general en 1962. La madre, María del Carmen Rivero, Carmelina, escribió narrativa y crítica literaria, y la hermana, Graciela, fue una de las actrices más conocidas en el teatro independiente de la época.
Castellanos era poeta y en 1965 tuvo su propia revista literaria, Alto Aire, que publicó junto con Gary Vila Ortiz y Juan Manuel Inchauspe. Mientras tanto, estudiaba Letras –aunque abandonó, porque un escritor no se formaba en la facultad, según su opinión–, integraba el círculo áulico de Aldo Oliva en los bares de los alrededores de Filosofía y Letras y militaba en el Movimiento de Liberación Nacional, el Malena.
De la prensa gráfica, Castellanos pasó a la radio, como productor periodístico del programa “La música y la gente”, que conducía Carlos Gabetta en LT 2. Y del Malena se fue todavía más a la izquierda, para tener un breve paso en el Ejército Revolucionario del Pueblo que quedó a la luz cuando su padre
descubrió que ocultaba armas y explosivos en el cuarto de la casa familiar donde guardaban diarios y suplementos culturales.
Desde un principio, tanto en la redacción de La Capital como en los pasillos de la facultad, provocó una división tajante de opiniones. Para unos, Castellanos era una especie de encarnación del mal, un cínico capaz de fulminar o despreciar a cualquiera a través de ironías sin medida; para otros, un genio que descollaba
con ocurrencias singulares sobre literatura y periodismo y dejaba malparados a los periodistas solemnes y a los figurones bienpensantes de la provincia.
El salto y la caída
El productor Moisés Guterman lo contrató para trabajar en Radio El Mundo, en 1971. Castellanos se mudó entonces a Buenos Aires, donde trabajó además en las agencias United Press y Télam. Su versatilidad llegó al paroxismo después del triunfo peronista en las elecciones de 1973: en la agencia nacional de noticias, como redactor de política, debía acatar una línea ideológica filiada con la derecha
del peronismo; y como periodista de Noticias tenía que adecuarse a las orientaciones de la conducción montonera que editaba el diario.
Pero su paso por Noticias terminó mal, porque se le ocurrió exigir el pago de horas extras por la cobertura de la muerte de Perón. Y de Télam fue despedido el 24 de marzo de 1976, por lo que volvió a Rosario, donde siempre tuvo amigos.
Consiguió un rebusque en La Capital –un suplemento ocasional sobre pueblos del interior provincial– y en la agencia publicitaria Imágenes, de Evaristo Monti. Hasta que pudo volver a Buenos Aires.
En la noche del 11 de diciembre de 1978 el tableteo de una ametralladora alertó a los vecinos del edificio de Cerrito 1146. Y sobre todo a los custodios que vigilaban el lugar, hombres que no lograban disimular su condición militar pese a estar vestidos de civil.
El tirador, apostado en la terraza de una construcción aledaña, abrió fuego contra el décimo piso del edificio, donde se encontraban las oficinas del almirante Emilio Eduardo Massera.
Uno de los custodios –Jorge Rádice– repelió la agresión, como decían entonces los partes de prensa militares, hasta que los disparos cesaron.
En la terraza quedaron manchas de sangre y cápsulas servidas calibre 9 mm. El atacante había sido herido. Pero misteriosamente logró escapar del cerco que minutos después dispuso la policía, y nunca fue identificado.
En la madrugada siguiente la oficina de prensa del Comando en Jefe de la Armada informó sobre el episodio a través de un escueto comunicado. Y en la mañana, después de reunirse con el general Roberto Viola, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Massera recibió a los periodistas.
Entre los asistentes a la conferencia de prensa estaba Luis María Castellanos, enviado por la agencia United Press. “Fui a cubrir la nota y conversé con Massera. Me explicó los detalles del atentado, en el que se intentó matarlo, según decía, desde un tanque de agua”, recordó Castellanos en una declaración
judicial de 1998.
El almirante había pasado a retiro en septiembre y se esmeraba por diferenciarse de la Junta Militar que había integrado desde el golpe del 24 de marzo de 1976 y en particular del dictador Jorge Rafael Videla y el programa económico del ministro José Martínez de Hoz. El periódico quincenal Cambio para la democracia social, editado entre 1981 y 1982, fue el medio que difundió esas ideas y las aspiraciones políticas de Massera, y allí también estuvo Castellanos.
La oficina de prensa, en Cerrito 1126, el edificio vecino al que ocupaba Massera, recibía informes elaborados por detenidos-desaparecidos sometidos a trabajo esclavo, como Lewin. Y también a los contactos de Massera en el ámbito político y sindical, como Diego Ibáñez o Miguel Unamuno.
Castellanos se desvinculó de Massera con la debacle del periódico Cambio y del proyecto político del genocida. En 1982 ingresó en La Semana, que después de la guerra de Malvinas se convirtió en un medio crítico de la dictadura y alentó las investigaciones sobre la represión ilegal, aunque con tono sensacionalista, como el que rodeó a la confesión del ex cabo Raúl Vilariño, presentada el 5 de
enero de 1984 bajo el título “Yo secuestré, maté y vi torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada”.
“El régimen militar tuvo gente que escribió globalmente a su favor –y después con muchas disidencias– por razón de sus convicciones profundas y desde posiciones democráticas –escribió Rogelio García Lupo en La letra con sangre, un análisis sobre la colaboración periodística con la dictadura reproducido en el libro Decíamos ayer-. (Manfred) Schönfeld y (Carlos) Burone son ejemplos.
Otros lo hacían desde posturas antidemocráticas, como Carlos Manuel Acuña. Aquí surge una cuestión interesante: ¿por qué personas que profesaban ideas democráticas apoyaban desde los diarios de la época muchas cosas de la política del Proceso?”
La pregunta permanece abierta, y es apenas uno de los interrogantes que plantea la relación del periodismo argentino con el terrorismo de Estado. La generalidad de los periodistas acusados de colaborar con los militares, “la prensa canalla”, como la llamó una recopilación de publicaciones de Editorial Atlántida en 1983, continuó en los medios de comunicación. No recibieron la condena social, al contrario, se les tributaron homenajes y reconocimientos. Mariano Grondona se mantuvo en el horario central de la televisión y en la edición dominical de La Nación. Un libro de Alfredo Serra fue declarado de interés cultural y educativo por la legislatura porteña. Samuel Gelblung continúa en televisión.
Castellanos no pudo sobreponerse ni siquiera en 1992, cuando ganó el primer premio de un concurso de ensayo periodístico organizado por el diario La Nación por la serie de notas “Fin de la historia y nuevo desorden mundial”, una refutación de la célebre tesis de Francis Fukuyama. Su condena impide ver algo más importante y menos conocido: la complicidad general del periodismo argentino con la dictadura.
En la película Sonata en mi menor (Patricio Escobar, 2014), Eduardo Paredes, apologista de Massera en Somos, describe ese contexto: “Uno se acuerda de su propio miedo. En mi caso, al menos. No voy a posar de otra cosa.Fueron años donde cuidaba cada palabra que escribía para no irritar al poder. Estábamos muertos de miedo y alcahueteábamos como locos. Algunos más de lo que le pedían y otros lo justo”.
En marzo de 1983 Castellanos escribió una de sus mejores crónicas. Fue en la cárcel de Caseros. Entrevistó a presos, familiares, guardias y abogados. Citó a Norman Mailer, Cesare Pavese y Truman Capote y analizó la vida en prisión y el modo que reproducía el funcionamiento social con referencias a Konrad Lorenz y la etología, los antecedentes del régimen filadelfiano (de celdas individuales en vez de pabellones, como en Alcatraz) y Recuerdos de la casa de los muertos, de Dostoievski.
“Aquí el castigo es peor que el delito”, fue el título que le puso a su nota. Y ese podría ser también, hasta ahora, el blasón de sus memorias.
