Rosario tiene enemigos. Así lo dijo Pablo Javkin en el debate televisivo con Juan Monteverde, su rival en las elecciones del 10 de septiembre para la intendencia de Rosario. No es una frase desconectada de su programa y tampoco una expresión que resulte exclusiva y original del actual intendente. La retórica bélica rige la discusión sobre los problemas de seguridad y se expresa en las propuestas de los principales partidos políticos para el futuro inmediato de la provincia: más policías, más gendarmes, más cárceles, más cámaras de vigilancia.
El enemigo es lo que se llama el crimen complejo. Las bandas narcocriminales. Patricia Bullrich estuvo en Rosario y dijo que el 10 de diciembre, siempre y cuando Maximiliano Pullaro sea elegido gobernador, “vamos a desplegar cinco mil efectivos federales para controlar los movimientos de todas las bandas, una por una”. Sergio Massa hizo la misma promesa cuando pasó para inaugurar la sede de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y le pidió a las autoridades de Gendarmería “que saturemos Rosario, que llenemos Rosario de gendarmes para que los rosarinos recuperen la calma”.
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El anuncio de Massa también tiene fecha para el 10 de diciembre y contiene una utopía: “Que Rosario vuelva a ser la Chicago argentina por la producción y no la Rosario que sangra”. Pero si algo enseña la historia local es que los sentidos en apariencia contrapuestos de “la Chicago argentina” –el desarrollo económico y las actividades criminales- están asociados, se alimentan uno al otro.
Los principales candidatos también están de acuerdo en combatir el delito económico. Juan Monteverde dice que seguir “la ruta del dinero narco” sería su procedimiento “por arriba” para recuperar la autoridad del Estado en Rosario. Pablo Javkin contesta con la creación de una agencia municipal para detectar el lavado de dinero. Marcelo Lewandowski resalta la creación de la delegación local de la UIF.
Las señales que llegan desde la Justicia de Rosario resultan menos claras en ese sentido: a propósito del fallo por la llamada mega estafa inmobiliaria el fiscal Sebastián Narvaja dijo que el Tribunal puso “un estándar más alto para decir que hay lavado de activos”, una manera discreta de afirmar que el dinero en negro puede mantener canales de circulación. Las presiones, castigos y campañas sucias en la prensa que enfrentó Narvaja desde el intento de investigar los subsidios que otorgaban los senadores provinciales son también indicadores: los principales obstáculos para perseguir el delito económico parecen encontrarse en la política. “Ningún político capitalista ha querido desmantelar el circuito económico que lava el dinero narco”, dijo Carla Deiana, del Frente de Izquierda, en el debate televisivo de los candidatos a la gobernación de Santa Fe.
La candidata de la izquierda planteó cuestiones que no están en la agenda de los grandes partidos ni en la cobertura de los medios de comunicación, en particular la necesidad de “cortar con el colador del gran delito en que se ha convertido el puerto privatizado”. También el reclamo por Mónica Estefanía Aquino, desaparecida en la ciudad Santa Fe a principios de mayo en un caso que expone el funcionamiento de circuitos de prostitución y la victimización de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.
En el debate televisivo, el candidato Edelvino Bodoira presumió de una visita a El Salvador y de una entrevista con el vicepresidente de ese país. A partir del viaje y del diálogo con los funcionarios de Nayib Bukele llegó a un diagnóstico: “El problema de la seguridad está en la corrupción” y entonces haría falta “moralizar las instituciones”. Aspirante a la reelección como diputada, Amalia Granata comentó por su parte que está en contacto con el ministro de Seguridad de El Salvador mientras cursa el segundo año de una licenciatura en la materia. Pero la demanda del punitivismo extremo excede a los libertarios y a los evangélicos.
Bodoira aclaró que no cree necesario declarar en Santa Fe el estado de excepción, que en el país centroamericano prohíbe el derecho de reunión y de asociación, autoriza allanamientos y detenciones policiales sin orden judicial y encubre torturas y ejecuciones. Menos mal. Sin embargo, justificó esa medida “porque en El Salvador no tenían otra alternativa”.
Maximiliano Pullaro promete “una cárcel para 3 mil narcotraficantes y sicarios”. El candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe piensa en una prisión que duplicaría a la de Coronda, la más grande de la provincia. Al mismo tiempo proyecta una población que en la actualidad corresponde a más de la tercera parte del total de presos en Santa Fe (son 8.593, según cifras del gobierno provincial de esta semana): imaginar que pueden existir tantos narcotraficantes y sicarios implica sobredimensionar el problema y el riesgo de criminalizar con esas calificaciones a pequeños vendedores y soldaditos. Esta propuesta está además en línea con el proyecto de una ley de narcomenudeo, que justamente incrementaría los niveles de encarcelamiento.
Patricia Bullrich aportó detalles del mega emprendimiento: se trataría de una cárcel de alta seguridad construida “en zonas alejadas” entre la Nación y la provincia y los detenidos “no van a poder tener ni comunicaciones, ni internet”, ni ninguna posibilidad de que sean centros de delito”. Si bien con otra escala, el proyecto está en sintonía con el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo del régimen de Bukele, con capacidad para recluir a 40 mil presos.
Así como la presencia de fuerzas federales en la provincia va a cumplir una década sin resolver los problemas para los que fue condenada, el incremento del encarcelamiento tampoco redujo el delito. Son las recetas fracasadas que señaló Carla Deiana, la candidata del Frente de Izquierda, en el debate televisivo de los aspirantes a la gobernación. Pullaro explica que la prisión de alta seguridad surge de la necesidad de controlar un espacio que parece liberado para gestionar extorsiones y asesinatos. Omar Perotti prometió durante los cuatro años de su gobierno la incorporación de tecnología para inhabilitar las comunicaciones con celulares y todavía no lo pudo implementar.
El diputado y el gobernador coinciden en una visión del problema que focaliza en los presos y prescinde de los empleados del Servicio Penitenciario, la contraparte necesaria para que exista el tráfico de celulares. Desde la perspectiva del punitivismo extremo, la actual aceleración de la reincidencia en el delito, no ya cuando los presos concluyen la pena sino mientras se encuentran en la cárcel, y la violencia asociada al hacinamiento resultan por otra parte secundarias y lo importante sería construir más cárceles o ampliar las existentes.
Javkin y Monteverde se identifican como los que van a cambiar el estado de las cosas en Rosario. Hablando de los temas de seguridad, el dirigente de Ciudad Futura dijo que “no hay prejuicios ideológicos” y contó que había viajado a Medellín para saber cómo “la ciudad más violenta del mundo” resolvió sus problemas. “Me junté para ver cómo lo habían hecho con todos, con el alcalde actual, cercano a (el presidente) Petro, hasta un ex asesor de seguridad de (el ex presidente) Uribe, la ultraderecha”, agregó en el debate televisivo.
Monteverde volvió a resaltar la referencia en otra intervención: “Le pregunté a todo el espectro ideológico si me recomendaban crear una policía municipal. La claridad me la dio el asesor de Uribe. Insisto: ultraderecha. Ni se les ocurra, me dijo”. Tuvo ese criterio de amplitud “para que no me cuenten ningún cuento ideológico”. La experiencia de Medellín demostraría entonces que los problemas de seguridad pueden ser un punto de encuentro para unir a la centro izquierda y a la ultraderecha, un imaginario que puede compararse al de la distinción que suele hacer Javkin entre la gente buena y la gente mala. La idea parece corresponderse con el modo en que se piensa Monteverde, según su presentación televisiva: “Yo no represento a ningún partido político, represento al 80% de los rosarinos que no quieren seguir con este gobierno, que quieren dar vuelta la página, que quieren mirar al futuro y esperan una nueva generación política”.
Según la visión de Monteverde, “en Rosario estamos haciendo algo que no existe en Argentina, que es juntar lo mejor de las distintas tradiciones políticas para hacer un proyecto de Rosario y para Rosario”. No obstante, dejó pasar una y otra vez los señalamientos de Javkin respecto de si la presencia de Perotti como candidato a diputado en Juntos Avancemos también forma parte de la nueva generación y del intento de superar la grieta.
En el cruce, Javkin lo asoció con el kirchnerismo, “que es lo que hay que dejar atrás”. Sin embargo, nadie se reconoce en esa línea entre los candidatos de Juntos Avancemos. “Inventan un enemigo que no existe”, dijo Monteverde, y habría que preguntarse si el narco tal como se lo representan los principales candidatos no es otro enemigo imaginario. Y también preguntarse por el papel de los medios de comunicación de Rosario en esa construcción.
La reforma policial no fue un tema de la campaña electoral ni parece estar entre las preocupaciones de los principales candidatos a la gobernación. La ley de derribo, propuesta por Pullaro, agregaría facultades y poder a la policía para bombardear aeronaves que atravesaran el cielo de Santa Fe, otro fantasma que se nutre de la demagogia punitiva.
El viernes pasado un juez federal de Santa Fe ordenó la captura del jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal del Departamento San Jerónimo, acusado de proteger a un vendedor de drogas de la ciudad de Esperanza y de facilitarle un auto. En la causa están procesados el ex jefe de drogas de la Agencia de Investigación Criminal del departamento Las Colonias y un suboficial. Pero el crimen complejo, el crimen organizado, las bandas narcocriminales, serían otra cosa.
