El 24 de marzo de 2016 María O’Donnell entrevistó en su programa de televisión –50 minutos, por C5N– a Gonzalo Reggiardo Tolosa. Junto con Matías, su hermano mellizo, Gonzalo forma parte del colectivo de hijos y nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Como en tantos otros casos, se trata de dos hermanos robados por un policía, el comisario Samuel Miara, quien se los llevó al Paraguay. Gonzalo ahora llama a Miara su apropiador y afirma que no lo ve desde hace años.
Lo que nos interesa recordar es que en el momento de la restitución, hacia 1993-94 –durante el gobierno de Carlos Menem–, cuando estos hermanos tenían 15 ó 16 años, reaccionaron en contra del juez y reclamaron volver con su familia de crianza. Una situación entonces verdaderamente dramática: niños robados que amaban a sus raptores y mostraban un simétrico desprecio por su familia de origen con quienes, decían, los habían obligado a vivir. Y lo que importa también subrayar es que tal situación fue arteramente utilizada por todos aquellos enemigos de la política de derechos humanos, entre ellos los periodistas Daniel Haddad y Marcelo Longobardi, quienes armaron en su programa periodístico de la época un “especial” en donde pusieron en escena el deseo de dos hijos de desaparecidos que querían vivir con sus secuestradores al tiempo que criticaban a las abuelas de Plaza de Mayo. No faltó nada: llamarlos una y otra vez con el apellido Miara, la presencia de los viejos compañeros de escuela, incluso la comunicación telefónica con la madre apropiadora que previsiblemente lloraba y reclamaba que le dejaran ver a sus hijos.
Es decir que hacia 1994, cuando ya habían transcurrido diez años de democracia, era todavía posible algo que después se le fue haciendo a la derecha cada vez más difícil: criticar, boicotear, poner en duda la legitimidad de la lucha de quienes buscaban y siguen buscando a los bebés y niños secuestrados por la dictadura. Ese “programa especial” se puede ver en YouTube: verán una afrenta a la condición humana, impune como tantas otras, perpetrada por dos delincuentes como Haddad y Longobardi quienes, como sabemos, siguen operando en lugares centrales de nuestros medios de comunicación.
Así las cosas, con el paso de los años los mellizos Reggiardo Tolosa operaron una transformación radical respecto de aquel momento y hoy reivindican plenamente la política de derechos humanos y a su familia de origen[1]. Matias Reggiardo Tolosa puede llamar apropiador a su padre adoptivo, el comisario Miara, ahora preso, sin pestañear, sin una duda. “Apropiador”: el término condensa el sentido de una larga lucha que tiene en este caso final feliz.
Efeméride patria
En efecto, entre 1994 y 2016 pasaron muchas cosas, la larga lucha de los organismos de derechos humanos siguió sorteando todos los obstáculos, aquellas demandas de justicia que, de habernos creído la benditas encuestas, tendrían que haberse diluido en su propia imposibilidad, sin embargo terminaron por imponerse sobre las condiciones del sistema político –y con el gobierno K fueron asumidas como propias por el mismo Estado. Muchas condiciones y muchas luchas entonces, pero debemos reconocer que sin la decisión de Néstor Kirchner, tanto el juicio y castigo de represores como la restitución de menores hubieran sido mucho más lentos y, en ciertos sentidos, imposibles.
El advenimiento del kirchnerismo trastocó por completo el cuadro de silencio e impunidad que había caracterizado la transición democrática, al calor de una reivindicación del pensamiento nacional popular ese gobierno supo construirse una genealogía con pinceladas míticas al tiempo que forjaba una perspectiva de la historia reciente que hacía del golpe de estado de 1976 un hito fundacional entre una Argentina del pasado y otra democrática. Nunca más: aquí también el kirchniersmo concretaba otra de las tantas promesas incumplidas del alfonsinismo.
Cuando los derechos humanos se vuelven política de estado el cuadro de situación se modifica por completo. Ante los ojos de unos y otros ocurre algo inimaginable: el juicio y el castigo a los criminales; el imperio de la justicia. Se diría, sin embargo, que el precio a pagar es, ahora sí, la clausura definitiva del pasado reciente que se vuelve una secuencia más (en este caso luctuosa) de la historia nacional. Cuando el 24 de marzo se transforma en conmemoración oficial –otra efeméride de la patria que se recuerda en las escuelas– se opera una institucionalización que conlleva diversos efectos, por un lado el relato de la lucha por los derechos humanos se vuelve enciclopedia para la educación de las generaciones futuras, lo que acarrea inevitablemente cierta museificación; por otro, se opera una paulatina pérdida de la singularidad de la experiencia de los años sesenta y setenta. Entre otra cosas, ello es así porque el breve período que se abre con la llegada de Perón en 1973 (Masacre de Ezeiza) y la caída de Isabel Perón en marzo del 76 fue, en buena medida una guerra civil al interior del peronismo protagonizada por distintas facciones cuyos militantes en muchos casos siguieron ocupando lugares centrales de la política a lo largo de estas décadas y conviven hoy sin dificultades en ese vasto colectivo. Quien se acerque a aquellos años con los dispositivos de las ciencias sociales tiene todas las posibilidades de fracasar en su intento de dar inteligibilidad a una escena trágica, saturada por la violencia. Tantos odios, tantas muertes, tantos desaciertos impiden conocer si lo que estaba en juego era, en efecto, proyectos necesaria e irremediablemente antagónicos. Algo, sin embargo, es seguro: allí comenzó el terrorismo de estado.
La experiencia y el sentido
En todo caso, si buscamos recuperar la experiencia de aquella generación –sus utopías, sus apuestas, sus desatinos, sus fracasos– haremos mejor en recurrir a la literatura, el ensayo o ciertas obras de no ficción, entre las que me sigue pareciendo ineludible La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. Sostenida por relatos biográficos que imponen la primacía del rastro de la voz sobre el contexto, aquella saga en tres volúmenes compilada por Eduardo Anguita y Martín Caparrós puede considerarse como una crónica, como un homenaje y también como un juicio implacable de la generación revolucionaria en la Argentina. Nos enfrenta a testimonios sin coartadas, exasperadamente autorresponsables de vidas situadas en el extremo, vidas, en fin, que estuvieron a la altura de sus propias circunstancias; una mirada, en suma, que tiene la virtud de ubicar en el centro de la escena aquello que distinguía a esa generación, algo por cierto obvio pero difícil de conceptualizar, un exceso de sentido, un océano de pasiones expuestas hasta las últimas consecuencias, al servicio de un ideal de transformación individual y colectiva. Nada condensa mejor esa saga que el propio título, “la voluntad”: afirmación sin pasado y afirmación sin sujeto, donde toda otra consideración se suspende para absolutizar, en la intemporalidad de una máxima, el sentido último de esas vidas en aquellos precisos años.
Decimos aquellos precisos años porque la vida siguió, quienes no fueron asesinados lograron sobrevivir de distintos modos y algunos, por fin, llegaron al poder. Solo que llegaron cuando ya no importaba, cuando aquellas antiguas convicciones revolucionarias formaban parte de un pasado lejano. Si por algo será recordada la gobernación de Jorge Obeid, aquel jefe máximo de la Regional 2 de la Juventud Peronista en los inicios de los setenta, será por la oscura privatización del Banco Provincial de Santa Fe, al calor del neoliberalismo menemista, la consecuente resistencia sindical y la represión brutal de los trabajadores de la bancaria el 7 de marzo de 1996.
Olvidos y errores históricos
Todos estos avatares que han atravesado estos treinta y siete años de democracia nos han ofrecido la oportunidad de ver en acto, ante nuestros ojos, el modo cómo se construye colectivamente eso que se llama historia nacional –un género difícil, atravesado por luchas, testimonios, autocríticas, conversiones, saberes, relatos, mitos, gritos, silencios (y ahora también fake news) en conflicto permanente. Y las cosas pueden complicarse todavía más: recordemos el escrito del francés Ernest Renan de 1882 “Qué es un nación”, allí ese autor afirmaba que construir una nación supone también el olvido de violencias originarias, en sus palabras “el olvido, y hasta diría yo el error histórico, son un factor esencial en la creación de una nación, de modo que el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad”, algo de eso nos sugiere también Jorge Luis Borges en los párrafos finales de su cuento “Tema del traidor y del héroe”. Bien: en la Argentina contemporánea habrá que notar el olvido en torno al apoyo y la complicidad que buena parte de la sociedad, instituciones, partidos, mantuvo con el llamado Proceso de Reorganización nacional. Aquello fue una dictadura cívico militar. Pero para que la cosa funcione se hace necesario una vuelta más, que todos naturalicemos esa situación y olvidemos ese olvido –fue eso lo que ha garantizado que el giro extraordinario que las acciones de Néstor Kirchner imprimiera a la historia argentina culminara en un éxito difícil de revertir: se diría que nadie en este país apoyó el golpe de estado, que nadie fue amigo de los militares. De ahí una experiencia que no deja de sorprender para quienes vivimos la dictadura militar: el consenso histórico que en el curso de los últimos años se ha producido contra la corporación militar. Consenso en muchos casos pasivo, por omisión, incluso mentiroso, pero consenso al fin que se reveló hacia 2014 en ocasión de la muerte del general Jorge Rafael Videla: a excepción del diario La Nación, en todos los medios de comunicación, aun en los más reaccionarios, en aquellos que lo apoyaron, lo sostuvieron y lo defendieron hasta la década de 1980, Videla fue despedido como la encarnación del mal, en la galería de los grandes criminales del siglo XX.
El principio de justicia que impusieron las políticas kirchneristas luego de años de impunidad permitió también la apertura de nuevos modos de pensar el pasado, sin disciplinas, ni mandatos. Es el caso de films creados por hijos de aquella generación, como Los Rubios, de Albertina Carri (2003), o Papá Ivan, de Maria Inés Roqué (2004). Por otro lado, desde la revista cordobesa La intemperie, Oscar Del Barco interpelaba a toda su generación con una carta sobre la violencia política de izquierda llamado a ganar celebridad: No matarás (2004).
Pero también hacia aquellos mismos años, contra el optimismo reinante, algunos viejos malhumorados como León Rozitchner o Andrés Rivera nos advertían sobre la sobrevivencia de la derecha y su barbarie en tiempos en que la creíamos extinguida, perdida en un pasado que nos parecía extraño y lejano. Me quedo con una cortita de Rivera en el 2006, a treinta años del golpe, Clarín le pregunta y Rivera sin festejar nada contesta: “A treinta años del 24 de marzo de 1976 el fascismo aguarda su turno, y entrará en acción cuando el capitalismo suponga que su poder está en riesgo. Entonces el fascismo cruzará el umbral y exigirá ley y orden”.
La predicción se reveló tristemente cierta con la llegada de la Alianza Cambiemos a fines del 2015. Si era lícito imaginar que la política de derechos humanos era ya un hecho consumado e irreversible, el nuevo gobierno se encargó de desmentirlo. Junto con renovadas teorías de los dos demonios el oficialismo intentó eliminar la conmemoración del 24 de marzo y hacia 2017 llegó incluso a intentar una nueva amnistía encubierta para represores condenados por delitos de lesa humanidad mediante la aplicación de la ley llamada del dos por uno, avalada por la actual Corte Suprema de justicia . Una enorme contestación social obligó al gobierno a dar marcha atrás y derogarla a principios de 2018. El gobierno de Macri es el regreso de la Argentina gorila, esto es de antiguos mitos, odios y prejuicios tamizados hoy por el lenguaje de los medios de comunicación. Se trata de una verdadera ideología del resentimiento que encuentra eco en una porción considerable de la población: odio a la igualdad, a la inclusión, a los derechos, a la pluralidad, a la libertad, en suma: odio a la democracia.
Convendría admitir entonces que la figura del buen ciudadano del proceso militar dispuesto a aprobar políticas clasistas, xenófobas y racistas, aquel que colocaba en su automóvil la calcomanía que decía “Los argentinos somos derechos y humanos”, sigue vigente en buena parte de los votantes del PRO y sin duda en la mayoría de los comunicadores que digitan nuestra información a diario.
Cuando hacia julio de 2016, a contrapelo de la posición del Papa Francisco y Amnistía Internacional, Luis Novaresio argumentaba desde las páginas de La Capital[2] a favor de la detención ominosa de Milagros Sala justificando con argumentos liberal republicanos la empresa represiva de Gerardo Morales y Mauricio Macri, descubría otra vez hasta qué punto el fantasma de Alberto Natale, aquel último intendente demócrata progresista “civil” de la dictadura militar en Rosario, habita entre nosotros. Hasta qué punto ese pasado de muerte sigue siendo una de las posibilidades siempre abierta de nuestro destino, como lo hemos visto en la criminal persecución de la comunidad mapuche en el sur del país. Hasta qué punto, en fin, la restauración neoliberal conservadora promovida por Macri y sus aliados es una continuación en el siglo XXI de la dictadura militar.
Un conflicto que no concluye
El ejercicio de construcción de la memoria en torno al pasado reciente puede pensarse como un trabajo colectivo que consiste en darle rostro a una experiencia de la que nadie puede escapar pero que resulta difícil aprehender de manera precisa, habida cuenta la multitud de miradas que la atraviesan. En esta lucha en torno al pasado –que no es más que la lucha por otro presente– se trata de que cada nueva perspectiva, cada nueva generación trace una pincelada sabiendo que ese rostro permanecerá borroso, por momentos parece estabilizado, por momentos se escapa. Tales disputas sobre los usos de la historia son eminentemente políticas en el sentido más virtuoso de la palabra, atañen a todos los miembros de este colectivo llamado Argentina y cada ciudadano tiene igual derecho a expresar su posición. En suma, la mejor manera de conjurar los fantasmas del pasado, enfrentar la dictadura y sus herederos actuales, es pensar la historia como una semiosis infinita, un conflicto que no concluye o, mejor, que no debe cerrarse nunca –otro modo, además, de prevenir mandatos, tradiciones y museos. En este relato no habrá entonces final feliz para nadie, porque sencillamente no hay final. Este 24 de marzo de 2021 es otra jornada más de una resistencia que en su largo recorrido nos ha mostrado la verdad de aquella vieja consigna que acompaña a todos los que siguen apostando por la justicia: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”.
[1] Vale agregar que hacia 2013 Matías Reggiardo Tolosa escribió en una entrada de su red social una “carta abierta” a su amigo de infancia robada Juan Cabandié (sendos padres apropiadores eran colegas-amigos entre sí) en ocasión de un incidente en Lomas de Zamora donde el entonces diputado nacional y hoy ministro agredió a una inspectora de tránsito: la carta es polémica pero la interpelación que Matías hace a Juan es irrebatible: le dice que chapear –literalmente “poronguear”– es cosa de represores.
[2] Luis Novaresio, “¿Milagro Sala, presa política?”, en La Capital, 24 de julio de 2016.
